Contenidos de ESyS en universidades
En abril de 2017, por Resoluciones del Ministerio de Educación de la Nación números 3401/17 y 3400/17, se aprobaron los “contenidos mínimos obligatorios” para las carreras de Contador Público y de Abogacía, de aplicación en todas las universidades argentinas (públicas, privadas y provinciales). A su vez, vía convenio interinstitucional, tanto las empresas cooperativas y mutuales como los organismos públicos competentes, se ofrecen como espacios para el desarrollo de prácticas pre-profesionales supervisadas.
El hecho fue recibido con satisfacción por el Movimiento Cooperativo y Mutual que, como sabemos, siempre ha considerado, con razón, que en el Sistema Educativo Formal debía enseñarse y practicarse la cooperación. Fue así que consiguió el dictado de diferentes normas, específicamente para los niveles preuniversitarios. En el universitario, propiamente dicho, los esfuerzos han estado más bien dirigidos a la creación de carreras de pregrado, grado y posgrado específicas en la temática.
Frente a este logro, me permito realizar algunas reflexiones que me interesa compartir con la intención de explicar por qué fue posible conseguirlo y, sobre todo, para advertir sobre la precariedad de tal avance si no nos comprometemos activamente en sostenerlo en el tiempo y, por qué no, ampliarlo a todas las carreras en que sea necesario que los profesionales conozcan las particularidades de las empresas asociativas sin fines de lucro.
Este logro es claramente resultado de una política pública activa desarrollada por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología. El Programa de Cooperativismo y Economía Social en la Universidad planteó entre sus objetivos el de apoyar acciones en las universidades para el desarrollo de la temática de la Economía Social en las funciones universitarias: Docencia, Extensión e Investigación. En docencia, el principal esfuerzo fue puesto en la incorporación de contenidos en las carreras de “interés público”[1], único espacio en el que el Estado puede incidir en la materia, atento a la autonomía que las universidades tienen para la creación de carreras. De tal modo, la SPU recibió una propuesta de las entidades del sector, que planteó y sostuvo en el Consejo de Universidades[2] a través de dos gestiones de gobierno[3], y logró incorporar al documento elaborado por las Asociaciones de Facultades que no contemplaba la temática. Cabe preguntarse entonces: ¿hubiera sido posible sin la intervención del Estado? ¿Por qué no fue considerada la temática en la propuesta original elaborada por el Sistema Universitario?
En relación con la primera pregunta, mi respuesta es no. Dos razones fundan mi opinión. Una tiene que ver con la actitud que las entidades cooperativas y mutuales asumen frente a temas que exceden su actividad productiva o de servicios inmediata. La presencia del sector en todos los espacios de decisión política que puedan promoverlo y defenderlo considerando los rasgos identitarios propios y su capacidad multiplicadora del desarrollo económico con inclusión social no es suficiente. La otra razón, probablemente consecuencia de la primera, se debe a la insuficiente información sobre canales, medios e instrumentos a su alcance para realizar de manera oportuna las demandas en los organismos públicos indicados. La incidencia en la definición de la agenda pública requiere contar con estrategias basadas en diagnósticos y proyecciones claros, así como con representantes y agentes con conocimiento y capacidad de influir. La ausencia de poder real implicará una rémora para el mejor posicionamiento del movimiento.
La pregunta de por qué no fue considerada la temática en la propuesta original elaborada por el Sistema Universitario, puede abrir los siguientes interrogantes: ¿es posible que decanos y docentes de universidades públicas desconozcan que las cooperativas y mutuales y otras formas empresariales asociativas conforman un sector productivo que contribuye grandemente a la economía del país?; ¿es posible que en los planes de estudio con los que se formará a los profesionales se omita “voluntariamente” la enseñanza dirigida a preparar para el ejercicio laboral en un sector productivo con el alcance numérico y territorial como el cooperativo y mutual?
El concepto de “hegemonía”, que admito, puede interpretarse como un posicionamiento ideológico que excede sin dudas el objeto de este artículo, y que resulta funcional para responder esta pregunta.
Tedesco (2001), citado por Tenti Fanfani[4], define: “Hegemonía significa, en este contexto, la voluntad de imponer al conjunto de la población los contenidos culturales, la visión del mundo, propia del sector social dominante”, y el segundo agrega: “… creo que la hegemonía no es sólo el producto de la voluntad o intencionalidad expresa de determinados actores colectivos, sino que también es el resultado de ciertos automatismos que resultan de la propia “interiorización de la exterioridad” que prescinde de toda voluntad o intencionalidad objetiva (…). En la Argentina actual, la mayoría de los ciudadanos comparte un conjunto básico de categorías de percepción y apropiación de las cosas, de la economía, de la política y la cultura que son “funcionales” para la reproducción de los principios que estructuran la sociedad actual (…). Porque las cosas sociales educan a través de la experiencia (la vida, el trabajo, la posición que se ocupa en los mercados, etc.). Y los medios masivos de comunicación hicieron el resto…”.
Podemos admitir, entonces, la posibilidad de que el olvido sea involuntario e incluso, que ni siquiera sea un olvido, en tanto es muy probable que otras alternativas a las empresas de lucro se desconozcan y no formen parte del escenario y de la conciencia social mayoritaria.
Creo necesario reflexionar sobre por qué el sector cooperativo y mutual favorece su propio ocultamiento e invisibilidad frente a la prepotencia de un modelo individualista que ha sido capaz de permear el sistema social, cultural y educativo, e imponerse en la conciencia colectiva como una alternativa única. También sobre por qué no visibiliza los modos de actuar, gestionar, decidir, así como las “obras” concretas y sus ventajas para generar empleo, autoempleo, inclusión y equidad en un país que necesita de la solidaridad, el respeto, la responsabilidad y el compromiso con el otro.
Es intención de este artículo promover la reflexión y el compromiso con los logros obtenidos hasta el momento en el marco de una política pública gestionada en gobernanza con entidades del sector que ha sido capaz de superar dos gestiones de gobierno y puede exhibir resultados muy positivos.
Los cooperativistas y mutualistas no debemos olvidar las experiencias truncas del pasado en la educación. Debemos asumir nuestro compromiso permanente para cuidar los logros y avanzar por todo lo que nos falta, estando presentes en los espacios de decisión política y recibiendo en nuestras empresas a los estudiantes universitarios para que aprendan en ellas como practicantes o como pasantes. Así podremos crear y profundizar los vínculos con las universidades que mucho pueden contribuir al crecimiento del sector y del país.
[1] Ley de Educación Superior N° 25.521, Artículo 43.
[2] Órgano de coordinación y consulta del Sistema Universitario Argentino, integrado por el Ministerio de Educación y universidades públicas y privadas.
[3] Proceso que se inició en el año 2013 y concluyó con la aprobación de las resoluciones en abril de 2017.
[4]Tenti Fanfani, Emilio: La escuela y los modos de producción de la hegemonía; Revista Propuesta Educativa N° 45 de FLACSO; II Semestre 2003; digitalizado por Red Académica.
Ilustración: Matías Roffé
