El abogado Gustavo Sosa, especialista en Derecho aplicado a las entidades de la ESS, despliega la preocupante mirada, las inquietudes y los reparos jurídicos que el sector tiene ante la normativa estatal.
¿Cuáles son los efectos concretos e inmediatos de la Resolución 131/18 de la ANSES en las Mutuales?
– El primer efecto de esta resolución fue la sorpresa. Una sorpresa –lamentablemente- que ya no sorprende tanto, visto los antecedentes sobre regulación de los códigos de descuento que otroga la ANSES a mutuales y cooperativas. Ya en el segundo gobierno de Cristina, a comienzos de 2012, con un Decreto del PEN se había puesto límites a lo que se conoce como el “Costo Financiero Total”, incluyendo en el mismo a la cuota social de las entidades, lo que es totalmente erróneo desde una mirada tanto conceptual como legal, confundiendo la naturaleza jurídica de las entidades de la ESS. Y acá, del mismo modo, se continúa con esa vulneración del derecho de las entidades. En concreto, los primeros efectos son los de poner contra las cuerdas a todas las mutuales y cooperativas que brindan servicios (no solo crediticios) a jubilados y pensionados empleando los códigos de descuento otorgados por la ANSES, ya que deben procurar que, en muy poco tiempo, sus asociados confirmen al organismo su vinculación. O sea, lo que hace -de una manera muy perversa- el Estado es decirles a los asociados de las entidades que confirmen en la ANSES su condición de tales. Esto es una intromisión del Estado mayúscula, justamente en una época donde se critica el intervencionismo estatal, ya que se entromete en el ámbito de libertad de asociarse de las personas. De esta forma se pone en tela de juicio la subsistencia de muchas cooperativas y mutuales. Entendemos que detrás de esto hay importantes interese en juego.
¿A qué argumentos jurídicos pueden apelar las entidades para defenderse en la Justicia?
– Primero hay que subrayar que la resolución quiebra un aspecto esencial del derecho privado, como el de asociarse con fines útiles, entendiendo que la intervención del Estado en el orden de la vida de las personas solo se justifica en casos de fuerza mayor (este no sería un caso) y se lo hace además en nombre de un supuesto beneficio de los jubilados y pensionados. No es la primera vez que esto pasa y es paradójico: en nombre de la defensa de los derechos de alguien se vulneran otros derechos de esa persona. Con respecto a la defensa jurídica de las entidades, en principio cabe consignar que cambiaron las reglas de juego por completo. Acá se vulnera el derecho constitucional, el derecho de la libre asociación con fines útiles y el de ejercer industria lícita; además de la vulneración de las garantías de las personas. Ahí tenemos algunos argumentos, además otros como la falta de razonabilidad y proporcionalidad en la medida, poniendo en juego la sostenibilidad misma de las entidades afectadas y el poco tiempo que se les da para ajustarse a las nuevas reglamentaciones. Justamente en eso ha reparado Alejandro Russo de CAM y todo el sector mutual: en la injustificada y desproporcional intervención que hace el Estado con una medida tremendamente arbitraria e injusta, que tergiversa los derechos de las entidades y sus asociados. Las mutuales ya vienen planteando distintos argumentos jurídicos en sus presentaciones. Hay también una gran discriminación hacia las mutuales y las cooperativas, frente a las entidades bancarias y financieras de capital. Hay que decir también que la confirmación de personas mayores en la ANSES vía digital no es tan fácil; en rigor, la página suele colapsar por la demanda y las UDAI (Unidad de Atención Integral de ANSES) están atestadas: ¿alguien imagina a un jubilado sacando turno en enero para ir a una UDAI a ratificar su vinculación con una cooperativa o una mutual?
¿Cree que hay alguna chance de llegar a un punto de acuerdo con la ANSES y evitar las desafiliaciones?
– La prórroga hasta fines de marzo ha sido una buena novedad, que da un poco más de aire. La posibilidad de un acuerdo se da cuando las partes tienen ánimo de diálogo y voluntad. Ahora, ¿quiénes están acordando acá? Entidades privadas, de la comunidad, con la ANSES, que es el Estado. El punto es que hay otras razones de fondo. La ANSES, ya desde el gobierno anterior, compite con las mutuales cuando presta fondos a una tasa baja, lo que no es criticable en sí, pero hay que tener en cuenta que el mismo Estado sostiene una tasa prohibitiva para préstamos personales. En contextos de crisis, en lugar de buscar alianzas estratégicas con las entidades de la comunidad para fortalecer el tejido social de contención, el Estado establece requisitos de imposible cumplimiento a las mismas. Ni siquiera se legisla categorizando la diversidad de situaciones, haciendo un empleo lúcido del principio de igualdad. En particular, yo creo que a la ANSES le interesa muy poco el sistema cooperativo y mutual, en un contexto en el que se aprecia un Gobierno que no tiene políticas claras favorables para las entidades de la ESS: que no se confunda, el hecho que existan personas en la gestión en algunas áreas del Estado con buenas intenciones no implica que haya una política pública favorable para el sector.
¿Qué piensa que va a pasar cuando caduque la prórroga?
– Al igual que el tema, esto será producto de una larga negociación. Y es una negociación política. Las leyes y reglamentaciones son la consecuencia de una negociación política previa (o de su ausencia). Esperemos que haya un acuerdo más allá de la ampliación de la prórroga. Si no se arriba al mismo debería haber un aumento de la litigiosidad con amparos, medidas cautelares, etc., muchos de los cuales ya se deberían haber planteado a poco de conocerse la Resolución 131/18. Agotada la instancia administrativa, la que sigue es la judicial, e históricamente las mutuales han obtenido buenos resultados en esa instancia ante este tipo de barbarismos.
