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Las cooperativas fueron convocadas por Enacom para conversar sobre el polémico DNU

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Las entidades empresariales que reúnen a las pymes del sector de telecomunicaciones y las federaciones y entidades de cooperativas fueron convocadas para esta semana por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), para discutir la reglamentación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que define como servicios públicos esenciales a diversas actividades del área.

Diferentes referentes del sector confirmaron a Télam que esta misma tarde tendrán una reunión con el directorio del Enacom las federaciones de las cooperativas (Fecotel, Fecosur, Catel , Colsecor y Fecoba).

Mientras que las entidades empresariales de las pymes recibieron la invitación para encuentros entre el jueves y viernes, y los grandes operadores la próxima semana.

La intención de estas reuniones es discutir con los actores los contenidos de la reglamentación del decreto que declara servicio público esencial en competencia a la telefonía móvil, internet y televisión paga.

La previsión de las empresas pymes y las cooperativas es que la reglamentación “diferencie” a este segmento de prestadores de las grandes compañías, por considerar que no tienen espacio para mantener congelados los precios al consumidor final hasta diciembre, según indicaron a Télam fuentes del sector.

En los encuentros también se debatirá la fórmula de los paquetes de servicios que tendrán una “tarifa social”, y que según algunos empresarios podría ubicarse en torno de 4 mega de conexión por un abono mensual inferior a los mil pesos.

En tanto, esta mañana se difundió una encuesta privada según la cual el 78,9% de los encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo con el congelamiento de los precios de las comunicaciones hasta el 31 de diciembre.

El estudio realizado por Analía de Franco Consultores reveló a su vez que el 71,9% de los encuestados en el país está de acuerdo con que las comunicaciones (internet, telefonía móvil y tv paga) hayan sido declaradas “servicio público”.

Consultados por el argumento de que la medida impactará negativamente en la calidad de los servicios y afectará las inversiones; el 52,4% consideró que “no tienen razón, es una excusa de las empresas”, y 36,6% consideró dijo que las empresas “tienen razón”.

Fuentes: Télam y grupolaprovincia

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