En la asamblea de la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM) estuvo presente el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Marcelo Collomb, y en uso de la palabra, invitado por la presidenta de la Confederación, Rosa Rodríguez, hizo manifestaciones muy interesantes.
El Dr. Collomb mencionó la importancia de las mutuales de salud, recordando que históricamente la población se atendía en los hospitales públicos, o en las mutuales que prestaban el servicio de salud. Si bien el sistema se organizó mediante las obras sociales, según regulaciones inicialmente establecidas por la Ley 18.610 de 1970 (luego modificada por otras leyes), y más tardíamente por la extensión de las prepagas de salud mediante el recurso de la derivación de aportes, lo cierto es que las mutuales de salud nunca dejaron de existir, y es probable que en las circunstancias que atraviesa la salud en Argentina tengan en un futuro próximo una alta incidencia.
No fue casual la referencia del presidente del INAES, porque estuvo presente en el evento de la Federación de Mutuales de Salud (FAMSA) en el que se presentó el libro “Historia, presente y futuros posibles, del Mutualismo en Salud en Argentina”.
Otra cuestión que mencionó fue la publicación reciente de las Resoluciones 878 y 879, que dieron mucho que hablar en nuestro ámbito, referidas a entidades suspendidas administrativamente e intimidas por 30 días, y las entidades suspendidas con sumario. Collomb precisó que ambas resoluciones son producto de un largo proceso, y que no buscan castigar a mutuales y cooperativas, sino requerir las documentaciones que formal y normativamente se exigen. En este punto, agregamos, las declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, fueron poco felices, y alejadas de la realidad.
El tema de los subsidios -palabra que parece haber ingresado en la galería de las cosas indebidas- tuvo un comentario de su parte: el presidente del INAES expresó que, en la medida que sean utilizadas en el desarrollo de las entidades beneficiarias, cumplen con los objetivos por los que se conceden, pero no en el caso de que el destino de los recursos no sea aquel que se exhibiera al momento de solicitarlos. No podríamos más que estar de acuerdo con esta política, que ha demostrado ser eficaz en las entidades que cumplieron estrictamente con lo requerido por el Organismo de Control.
Claro que la cuestión de los subsidios no parece ser tenida en cuenta cuando se trata de casos como el de Marcos Galperín (Mercado Libre, Curtiembre SADESA) o el de Claudio Belocopitt (Swiss Medical, América TV), que recibieron us$ 100 millones por año de subsidios impositivos, y us$ 13 millones durante la pandemia, respectivamente, en el gobierno de Alberto Fernández. En este último caso, las prepagas de salud fueron beneficiadas muy significativamente por la desregulación dispuesta en el DNU 70/2023, y, en ambos casos, el beneficio se mantiene.
Medir con distinta vara no es justicia.
