Cuando pregonamos los valores del mutualismo y el cooperativismo enfatizamos la diferencia entre estos dos términos, que algunos confunden y que pueden ser explicados de varias maneras. Ambos son muy importantes, y su cabal comprensión determina una mejor aplicación en la vida cotidiana de las entidades.
La igualdad asigna a cada persona el derecho a participar en la vida de las instituciones sin diferenciaciones de credo, condición social y económica, sexo, etc. Esto se traduce claramente en las asambleas de las mutuales y las cooperativas, en las que cada asociado representa un voto.
La equidad tiene relación con lo que las personas reciben en función de un merecimiento previamente establecido; este rasgo tiene una singular importancia, porque parte de un consenso previo y por lo tanto no surge de una decisión arbitraria. En una mutual en la que a un determinado servicio algunos asociados están adheridos y otros no, se les brindará la prestación de acuerdo con el cumplimiento de esa condición.
El cumplimiento de estos valores en las instituciones reposa en la sabiduría de los directivos, que con alguna frecuencia deben constituirse en árbitros de situaciones en las que se discute la correcta aplicación de normas relacionadas con uno u otro valor. La clave para el desenvolvimiento adecuado está, precisamente, en la claridad y transparencia de las disposiciones que rigen la vida de la entidad; no solamente los estatutos, sino también y, tal vez, principalmente, en los reglamentos internos que regulan una determinada actividad para garantizar en simultáneo el desempeño igualitario y el otorgamiento de beneficios de manera equitativa.
Estas reflexiones nos sirven para ver otro aspecto, del que poco se habla, pero que surge cada tanto de las expresiones de directivos de mutuales y cooperativas, con énfasis muy mesurado pero contundente: los requerimientos de los organismos de control (AFIP, UIF, INAES) que no segregan a las entidades de acuerdo con su volumen. Siendo los requerimientos iguales para todas, con independencia del tamaño de cada una, resultan inequitativas de acuerdo con la capacidad administrativa para responder en tiempo y forma.
En algún momento la Economía Social y Solidaria tendrá que plantarse ante los poderes burocráticos, y exigir normas diferenciadas que les otorguen a las entidades de menor porte un trato igualitario, pero con la equidad suficiente como para facilitar su existencia y no, como a veces sucede, para complicarles la existencia.
El desarrollo de las entidades de la ESS está vinculado de manera significativa con el lugar que ocupan en la agenda del Estado Nacional, y los gobiernos de turno deberían recibir el reclamo permanente de aquellas, a través de sus confederaciones, las que al mismo tiempo tienen que constituirse en impulsoras de las medidas -por qué no, imaginativas- que amparen las formas asociativas más vulnerables o embrionarias, para que la ESS tenga en nuestro país el lugar que le corresponde, por historia, pero también, y fundamentalmente, por un presente que no puede negar la importancia que tiene para alcanzar la inclusión social y laboral, a lo que sin dudas están comprometidas. Hay una frase, sencilla y común, pero también muy importante, que pronunció alguna vez Elvira Castro, ex presidenta del INAES: “Las cooperativas y las mutuales tienen una condición muy singular, porque son empresas nacionales, y como tales, siempre van a estar aquí, nunca se van a ir, ni se van a transformar en otra cosa”.
Ya practicamos la igualdad y la equidad en nuestras empresas de la ESS; ahora es el momento de reclamar que el Estado Nacional, a través de sus organismos de control, haga lo mismo con nuestras entidades para facilitar el desarrollo extendido de la modalidad empresaria y asociativa a la que hemos adherido como forma de vida.
