Concepto de inclusión social
El planteo de “inclusión social” parte de un hecho incontrastable: la exclusión social. El término exclusión en sustitución del de pobreza (Comisión Europea) se produjo a partir de la visión excesivamente economicista del concepto de pobreza. La exclusión social se entiende pues como un proceso de alejamiento progresivo de una situación de integración social en el que pueden distinguirse diversos estadios en función de la intensidad: desde la precariedad o vulnerabilidad más leve hasta las situaciones de exclusión más graves. Por lo tanto, los conceptos de inclusión y exclusión social están íntimamente relacionados. La inclusión social implica el acceso garantizado a la ciudadanía y a los derechos económicos, políticos y sociales, así como la participación efectiva en la esfera política. En primer lugar, las políticas sociales determinan el acceso de personas disminuidas física o psíquicamente; en segundo lugar, la existencia de redes sociales y familiares son un elemento constituyente de las dinámicas de inclusión y exclusión; y en tercer lugar, el espacio de la producción económica y muy especialmente del mercado del trabajo, es el otro gran pilar que sustenta la inclusión social.
Crisis de 2001
La crisis que se produjo en Argentina hacia fines de 2001 determinó la pérdida de gran cantidad de puestos de trabajo. La reubicación laboral fue muy lenta y solamente se comenzó a recuperar empleo a partir de la asunción del Gobierno Nacional por parte de Néstor Kirchner. En ese tránsito, muchos desempleados con escasa instrucción observaron que había una actividad que requería pocos conocimientos y que podía brindarles un sustento: la recuperación de materiales pos consumo reciclables, con los que abastecían a las ya existentes empresas -por lo general informales- que se dedicaban al acopio y posterior venta a empresas industriales que utilizaban estos materiales como una materia prima que reemplazaba, aunque fuera en parte, a materia prima virgen, más costosa. Las leyes de mercado no estaban ajenas a los vaivenes a los que se sometía la actividad: la suba del barril de petróleo, por ejemplo, determinaba en cierto momento la suba del precio de algunos plásticos, en tanto el papel y el cartón se mantuvieron con valores relativamente altos y estables a través del tiempo. Los cartoneros, entonces, buscaban los materiales mejor pagos, si bien un factor que siempre condicionó la recuperación de reciclables fue la relación peso/volumen: dado que el precio estaba en función del primero, no era lo mismo transportar un cúmulo de papel o cartón que botellas de aguas o gaseosas.
El rol de los “cartoneros”
La recuperación de materiales para su posterior reciclado no surgió con la crisis que antes mencionábamos. Podemos ilustrarlo con un ejemplo muy interesante: 2.000 años antes de nuestra época, los egipcios fabricaban piezas de gran hermosura en vidrio, muchas de las cuales pueden contemplarse hoy en el Museo del Louvre, en París; en el momento de la producción, algunas piezas fallaban y debían descartarse, pero no se tiraban, sino que se volvía a introducir en los hornos de fundición. Con todo, el reciclado tiene un aura cuasi romántico por un lado, por lo que representa como racionalidad en la utilización de recursos naturales no renovables, y por el otro, es un elemento que participa de la ecuación de costos que cualquier empresa realiza al momento de decidir con qué materiales habrá de producir. La conveniencia económica, no la conciencia ambiental, es la que decidirá la opción. Los cartoneros no desconocen estas previsiones, y se acomodan a los movimientos que provienen de la demanda; podrá mencionarse el hecho de que, al fin y al cabo, la presunción de los cartoneros de que son agentes protectores de los bienes naturales no es tan real, pero también habrá de considerarse la posición dependiente de un poder económico mayor, que modifica los precios a piacere, por más que argumenten factores externos, que existen, pero que no explican el fondo de la cuestión, que es la posición dominante, la especulación y la apropiación de mayor renta. Los cartoneros -impropiamente llamados recicladores- como a ellos mismos les satisface denominarse, tienen un doble rol que caracteriza su actividad: uno, generarse autoempleo[1], y el otro, participar de una actividad que es de estricta injerencia municipal: la recolección, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos.[2]
Costo de creación de empleo
No hay programa de gobierno que no mencione la creación de empleos. Todos aseguran que, una vez a cargo de la administración nacional de gobierno, desarrollarán políticas de diversos órdenes para que haya una profusión de empleos tal como hongos después de una lluvia. Tal cosa pocas veces sucede, o, al menos, para que suceda, las políticas deben responder al interés de las mayorías, y no al revés. ¿Por qué? Porque las minorías dominantes en lo económico imponen condiciones restrictivas al conjunto de la población económicamente activa, en aras de una creciente apropiación de la renta. Las políticas neoliberales que imperan por estos lares obtienen, paradójicamente, resultados exitosos para sus propósitos, porque contra lo que podría suponerse por lógica sencilla que, cuando en un país se tiende al pleno empleo (lo cual técnicamente es imposible) todos se benefician, el poder concentrado pierde rentabilidad ante la distribución de la riqueza. Esta pérdida no significa bancarrota ni mucho menos, es simplemente una disminución de los ingresos que, al ser distribuidos, le resta ganancias. No es fácil de comprender esta lógica, porque espontáneamente uno tiende a suponer que está bien que la mayoría de una población tenga mejor calidad de vida; de allí la perversidad del modelo neoliberal, cuyo único objetivo es el de la concentración económica, no solo en desmedro de la población trabajadora, sino también de las empresas de menor porte (micro, pequeñas y medianas). Empero, el problema del empleo no debe ser visto únicamente como una decisión egoísta, sino que hay de por medio una materialidad incontrastable, que es el costo de creación de un puesto de trabajo. Según datos de analistas especializados[3] un puesto laboral requiere una inversión de alrededor de us$ 30.000. Esta magnitud es suficientemente persuasiva de toda manifestación liviana que pudiera hacerse en términos voluntaristas. El problema es, en efecto, muy profundo y complejo, ínsito al capitalismo, y quien pretenda ignorarlo no aportará mucho a solucionar el problema. La solución es, en consecuencia, progresiva, y depende de múltiples factores: políticas públicas, decisión de inversiones, personal capacitado y mercados, interno y externo. Estas elucubraciones nos permiten obtener una importante conclusión respecto de la existencia de cartoneros: la generación de su propia ocupación es una demostración suprema de resiliencia, y corresponde analizar la consolidación de los grupos cartoneros -no ya individuos aislados- a través de organizaciones como cooperativas u otras tipificaciones, como un fenómeno que ha sido ampliamente investigado y que nos brinda información fehaciente y sistemática sobre lo ocurrido, fundamentalmente, en los últimos 25 años.
El “cartoneo” como servicio público
Los cartoneros, en general, están muy orgullosos con su trabajo, convencidos de que han creado un nuevo paradigma laboral. No desestiman los apoyos oficiales, al contrario, discuten vigorosamente su derecho a ser reconocidos como trabajadores, sin pérdida de autonomía. La organización en la que se agrupan les otorga una identidad indiscutible, es la expresión que les da visibilidad. Si no te mostrás, dicen, no existís, y si no existís, estás muerto. Esta claridad identitaria es la que les permite tener un lugar en los planes oficiales, lo que garantiza que su trabajo sea debidamente reconocido. Y esto es, para ellos, la condición de servicio público que se atribuyen. Tal condición no figura en ningún manual académico. Ningún estudiante de economía recién egresado podría explicar dónde se encasilla lo que los cartoneros aducen. Para entenderlo hay que bucear en los pliegues de una realidad que aunque está muy a la vista, pocos ven. Como antes mencionamos, la gestión de los residuos domiciliarios es una imposición legal a los municipios, y por lo tanto, indelegable; la cuestión de las tercerizaciones es otra cosa, no anula ni reemplaza lo anterior. De pronto surge un cartonero -para ponerlo en términos modélicos- que sin pedir permiso al principio realiza una acción parcial que le corresponde en su totalidad a la gestión municipal. Puede o no haber reacciones, cuando el otro es suficientemente visible las respuestas son más políticas, esto es, no hay reacciones demasiado enérgicas y sí, más negociadoras. Al fin, se logra un espacio que responde en mayor o menor medida a las aspiraciones de los cartoneros. Se produce una suerte de aceptación social, en tanto no interfiera en las políticas públicas diseñadas para el sector. Según el funcionario de turno y la ideología del gobierno que representa, el diálogo oscila entre lo fructífero y la tensión constante. Al cabo de un tiempo, los cartoneros aseguran con orgullo cabalmente ganado que son un servicio público. Y que como tales tienen derecho a recibir una retribución, así como una empresa comercial conviene con la administración pública, cualquiera sea el servicio, un precio por la actividad tercerizada. Hubo avances en un reconocimiento más explícito, e incluso la categorización del cartonero como oficio, que sirven ahora como antecedentes que habrá que reflotar en condiciones políticas amigables con los sectores sociales más sumergidos.
[1] Expresión poco afortunada pero de uso frecuente, por lo que así se la menciona aquí. Con propiedad, el término sería auto ocupación, pero raramente se encuentra en las referencias a las actividades de los cartoneros.
[2] La Ley 25.916 en su artículo 6° establece que la gestión integral de los residuos domiciliarios es responsabilidad de las autoridades competentes en cada jurisdicción.
[3] https://blogs.worldbank.org/es/voices/cuanto-cuesta-crear-un-puesto-de-trabajo
Foto: Infobae
