En estos días se discute una medida que el Poder Ejecutivo nacional enviará al Congreso de la Nación, para gravar las ganancias extraordinarias que obtuvieron las empresas, en alguna medida por efecto de la pandemia de COVID-19, y particularmente por las consecuencias que produjo el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania en prácticamente todas las economías mundiales, que sigue vigente y profundizando las crisis en temas cruciales como el de los alimentos y la energía.
El carácter universal -tal como ocurrió con la pandemia- queda demostrado con las medidas que progresivamente van adoptando distintos países, entre los que se destacan Italia y Reino Unido. En Italia aspiran a recaudar con este tributo unos 4.000 millones de euros, que se aplicará a las empresas que hayan aumentado sus ganancias entre octubre de 2021 y marzo de 2022, al menos en 5 millones de euros. Se les aplica una tasa del 10 por ciento pero que se podría elevar a niveles de hasta 25 por ciento. En Reino Unido se gravará la renta inesperada con una tasa del 25% a las compañías energéticas productoras de gas y petróleo, con lo que obtendrían una recaudación de unos 6.300 millones de dólares, y que se aplicarían a subsidios para 8 millones de hogares. España y Bélgica analizan el tema, e incluso Estados Unidos, país insospechado de tener un sesgo populista, potencia capitalista a ultranza.
Aquí y allá hay opositores y detractores de una medida que descansa en un concepto absolutamente objetivo: la guerra, más que la pandemia, aceleró la concentración de riqueza en empresas estratégicas, vinculadas particularmente a energía y alimentos. El problema no reside exclusivamente en estas super ganancias, sino que estas se producen como efecto de la escasez y la alteración de los mercados mundiales, que impactan en la mayoría de las poblaciones. Ya no se trata de una adecuación de mercado que se reduce a oferta y demanda, sino a la presencia de los Estados para paliar estos efectos, que conducirían inexorablemente a hambrunas y restricciones significativas en el uso de las energías (eléctrica, gas y combustibles).
Según OXFAM Argentina[1], basado en un informe del Banco Mundial, 263 millones de personas podrían llegar a la pobreza extrema, en parte como consecuencia de la pandemia de COVID-19: 198 millones a lo largo de 2022 y 65 millones más como consecuencia de los aumentos de precios de los alimentos a nivel mundial. Los Estados responsables tienen la obligación, sea constitucional, moral, humanitaria, de intervenir en una crisis de tal magnitud, que no afecta a todos por igual, porque claramente hay algunos ganadores, una minoría, que concentra la mayor parte de las riquezas.
En nuestro país se calcula que 10,8 millones de personas son pobres, de los cuales 2,4 millones son indigentes. Según el INDEC, al 31 de marzo de 2022 la base para que una familia tipo no fuera pobre, estaba en el orden de los $ 90.467, en tanto el ingreso promedio de un hogar pobre era de unos $ 46.712, lo que refleja palmariamente una situación angustiante.
Algunos datos a tener en cuenta para este impuesto sobre la renta inesperada:
- Se estima que alcanzaría a 350 empresas que hayan tenido en el ejercicio fiscal 2022 una ganancia neta imponible superior a los $ 1.000 millones de pesos.
- El impuesto se cobrará en la medida que la ganancia neta haya subido en términos reales, cumpliendo con las siguientes dos condiciones: 1) que el margen de ganancia en 2022 sea superior al 10%; 2) que el aumento del margen de ganancia de este año en relación a 2021 sea de al menos 20%.
- La alícuota que se aplicará sobre la renta inesperada será del 15%.
- La recaudación prevista sería de $ 200 mil millones.
- Los recursos obtenidos se aplicarían al financiamiento de un refuerzo de ingresos para los sectores más vulnerables, aquellos a los que más afectan los efectos inflacionarios.
El Gobierno Nacional entiende que la situación económica es complicada para más que los 11 millones de personas que son pobre e indigentes, que son los que requieren un auxilio inmediato, porque muchas familias de clase media también han perdido calidad de vida; en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se calcula que una familia tipo de clase media necesita un mínimo de $ 124.250 para ser considerada como tal. Descartada la emisión, como uno de los factores que contribuirían al proceso inflacionario, es absolutamente lógico que se procuren los recursos de la fuente que está en el centro de esta discusión. Cualquier similitud con la historia de Robin Hood, es cierta.
Y sin embargo no toda la población parece padecer la angustia de muchos, que aun con trabajo registrado tienen problemas para cubrir los gastos familiares. La banda británica Coldplay que iniciará sus presentaciones en el mes de octubre de este año, en el estadio de River Plate, ya ha vendido ¡600.000 entradas! Con precios que oscilan entre los $ 8.000 y $ 19.500, el cálculo de un promedio en pesos resulta tan grande, que es mejor convertirlos a dólares, al tipo de cambio oficial (1 dólar = 121,63 pesos): 67,83 millones de dólares. La banda cobra a razón de 1,5 millón de dólares por presentación, de manera que embolsarán 15 millones de dólares por las 10 presentaciones.
Es difícil de explicar esta friolera de dinero, aun cuando se considere que los bots (robots) existen y compran entradas aceleradamente, para la reventa por un precio mayor. Más aún: la masa de dinero dedicada a la asistencia a uno de estos espectáculos alcanzaría niveles que harían más sorprendente este fenómeno.
Queda en pie un misterio, que es de dónde salen los dólares para pagarle a Coldplay; el Banco Central informó que la productora intentó acceder en febrero pasado al SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones), para pagar como importadores de servicio, pero el sistema detectó inconsistencias y el trámite no prosperó; tampoco hubo registro de que hubieran accedido al Dólar Contado con Liquidación en forma directa, por lo que se presume que la productora DF Entertainment “pudo haber accedido a través de una ALyC (Agente de Liquidación y Compensación, es decir, una asociación que actúa como intermediaria entre los inversores y las empresas y los mercados. Lo concreto es que no accedió al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC)”.
La única explicación posible para los hechos comentados, es que Argentina es un país con una injusta distribución de la riqueza, en la que pocos pueden tirar manteca al techo[2], y muchos no pueden comprarla, junto con otros artículos de primera necesidad.
Que 350 empresas, y si no son todas la mayoría, como quedó demostrado en la reciente cumbre realizada por la Asociación Empresaria Argentina, en un país de 47 millones de habitantes, dijeran que no debía pagarse ese impuesto, demuestra que no hay una pizca de solidaridad y comprensión para los sectores vulnerados, y que, por lo tanto, solo una fuerte decisión política, podrá poner un poco de justicia. Y si no se supera a la mayoría opositora en el Congreso Nacional, que al menos queden en evidencia, y la mayoría sufriente tome nota de quiénes los hunden en la miseria.
[1] OXFAM es una organización internacional surgida en Oxford, Reino Unido, en 1942, que tiene representación en 90 países. La sigla corresponde a “Oxford Committee for Famine Relief” (“Comité de Oxford para aliviar la hambruna”).
[2] Expresión surgida en el siglo XX entre los jóvenes de la alta sociedad de Buenos Aires, que gastaban mucho dinero en cabarets y se divertían tirando manteca al techo usando sus cubiertos como catapultas. Se atribuye la autoría a Martín Máximo Pablo de Álzaga Unzué, considerado en 1924 como el argentino que más gastó en su vida, y por lo que figuró en el libro Guinness.
