La Ley de Economía Social marcha en su objetivo de dar estímulo al panorama sociolaboral de las islas tras el desfavorable informe del Consejo Económico y Social (CES), que pedía una revisión integral del anteproyecto y cuestionaba la necesidad de elaborar una norma a nivel autonómico cuyos contenidos ya estaban incluidos en la ley estatal o bien contradecían algunos de los puntos recogidos. Respecto a estas críticas, el viceconsejero regional de Empleo, Gustavo Santana, ha argumentado la necesidad de una regulación autonómica no solo para adaptar el marco estatal a las singularidades de las islas, sino principalmente para «dar recorrido» al Estatuto de Autonomía, que reconoce en su artículo 118.3 la competencia exclusiva de Canarias sobre el fomento y la ordenación del sector de la economía social.
En este sentido, apuntó a la financiación y los incentivos -también materia de las comunidad autónoma- que se irán definiendo a través del proceso de desarrollo reglamentario en base a los beneficios que puedan tener las entidades de economía social. De hecho, el CES insistía en que la legislación debía abordar, más que su concepto, la regulación de las entidades de base cooperativa-asociativa y su finalidad económico-empresarial.
Precisamente, es este aspecto el que determinará el desarrollo de las medidas públicas concretas que demandaba el dictamen del CES. El organismo centraba esas carencias en las políticas presupuestarias, en particular las de gasto; la expansión continua de la administración pública y de sus entidades instrumentales; y la normativización y regulación de todo tipo de actividades. «Lo que garantiza la ley es que tiene que haber una financiación para las entidades y, por tanto, eso ya es un avance en Canarias, donde no existía ninguna obligación normativa que estableciera que la Economía Social debía tener más alcance», apuntó Santana.
El viceconsejero añadió que llevan meses de trabajo adelantado desde que se solicitó el informe al órgano consultivo, el pasado 4 de noviembre, por lo que el anteproyecto ya ha sufrido varias modificaciones fruto de las aportaciones de los distintos colectivos participantes y, algunas de ellas, coinciden con las del CES. «Cuanto más críticas mejor, nos las tomamos con la mayor naturalidad», asegura.
Entre estas destaca la definición del Consejo de Apoyo a la Economía Social de Canarias, que pasará a ser un comité, y se aclararán sus funciones concretas así como los requisitos de participación institucional por parte de las confederaciones empresariales y los sindicatos más representativos. Todas estas propuestas, aclara el viceconsejero, serán recogidas en un informe interno que emitirán desde el Servicio Canario de Empleo a la viceconsejeria de los Servicios Jurídicos en aproximadamente dos semanas con la intención de definir un proyecto de ley «mucho mejor del que salió en origen» y que llegue «lo más depurado posible» al debate en el Parlamento. Un plazo que prevén cumplir, de forma prudente, en tres meses.
Un estímulo al autoempleo y el emprendimiento social
Si bien la crisis derivada del coronavirus ha repercutido de forma negativa en todos los sectores de la economía, el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, asegura que la naturaleza de la economía social ha demostrado en situaciones similares priorizar el mantenimiento del empleo o avanzar hacia una mayor calidad. «Afortunadamente tenemos los ERTE, pero si hay algo que las entidades de economía social tienen como valor añadido es centrarse en la sociedad, las relaciones laborales, la cohesión social y territorial», indica.
Sin embargo, en Canarias ha sido «la gran ausente» en los últimos años, una carencia que pretenden solventar con el desarrollo de la ley. «Teniendo en cuenta que en Canarias existe una especialización muy potente en el sector servicios, la norma pretende aportar soluciones al panorama sociolaboral y constituir un estímulo a la dinamización del autoempleo y del emprendimiento social en el propio territorio, centrando el protagonismo en las personas».
Esta apuesta decidida del Gobierno viene acompañada, además, por el desarrollo de otras normativas complementarias, como la Ley de Sociedades Cooperativas, que en estos momentos está pendiente del dictamen del CES, así como un reglamento de fomento de la responsabilidad social empresarial. Todo ello contribuye, según el viceconsejero, a construir una estrategia que ponga de relieve la economía social, incrementando el papel de la ciudadanía y la sostenibilidad, lo que implica, entre otros aspectos, el respeto al medioambiente.
Fuente: INGRID ORTIZ/https://www.canarias7.es/
