Cada vez que escucho a los libertarios hablar sobre las propuestas para enfrentar la crisis socio-económica de nuestro país, me acuerdo de un viejo chiste popular que dice: “justo que mi perro aprendió a vivir sin comer, se me murió”.
Sin lugar a dudas, nuestro sistema político enfrenta una seria degradación respecto de la sana convivencia democrática, en donde las respuestas a lo largo de varias décadas han estado contaminadas por el deterioro de los acuerdos republicanos y federalistas que están enunciados con sabiduría en nuestra constitución.
Si bien es cierto que no se pueden generalizar las opiniones, porque experiencias exitosas en nuestro sector son muchas, nos parece relevante señalar que se avanzó correctamente en la creación de nuevos derechos para vastos colectivos, pero no se explicitaron debidamente las obligaciones que estos conllevan.
Se crearon nuevas organizaciones sociales y se fortalecieron otras ya existentes para dar contención a un mundo cada vez más complejo, polarizado y beligerante, pero no se generó un cambio sustantivo en la conciencia cívica ciudadana ni en los nuevos modelos de gestión que los cambios requieren para hacer sustentables estas organizaciones cuya finalidad no es la maximización de las ganancias, sino la sana provisión de servicios a la comunidad.
En muchos casos se reemplazó el sentido participativo activo y comprometido por un sentido tácito de “adhesión militante”, más atado a consignas que a la comprensión generalizada de los valores progresistas de convivencia y solidaridad.
Para el sector de la ESS, la sustentabilidad de modelos autogestivos, democráticos y competitivos empieza por la comprensión del modelo productivo y distributivo que queremos, para ejercer con “libertad responsable”, nuestro modo de ver al mundo, a nuestro país y a nuestras localidades.
Se nos trata de imponer la idea que el mercado (oferta y demanda) es por sí solo quien regula a través de los precios el acceso a los bienes y servicios. Para la ESS, la oferta está atada a las necesidades de calidad de vida de nuestros habitantes, porque es la “demanda” la que da sentido a nuestras entidades.
Vivimos en un sistema donde los que generan los costos son los verdaderos formadores de precios, y en nuestro país la mayoría de los principales productores de bienes y servicios son monopólicos, o bien, están cartelizados: alimentos, energía, salud, tecnología, financieros, etc. Y para el “mercado”, la maximización de la renta está dada por pocos consumidores con altos ingresos y con bajos costos de producción y distribución. El 30% de la población representa el 70% de la facturación de las grandes empresas. El resto de la población no es atractiva para el modelo concentrado de las grandes corporaciones. Y si esto es así, la internacionalización de los precios relativos, sobre todo de los commodities, hace que lo que no se consuma en el país se exporte, dejando un fuerte desabastecimiento y encarecimiento de los productos y servicios básicos en el mercado interno. O sea, que la restricción de la demanda interna no baja los precios porque el mercado externo compra el excedente de producción.
En la mayoría de los países capitalistas desarrollados es el Estado, a través de normas y controles eficientes, quien actúa y protege el mercado interno como a los sectores productivos nacionales. Ninguno de ellos se “suicida” en pos de una balanza comercial positiva que ponga en peligro el modelo productivo nacional.
Hay sobrados y recientes conflictos que lo demuestran: Polonia le pone freno a las exportaciones no aranceladas de Ucrania; en España y Francia ha habido numerosas manifestaciones exigiendo la protección de los productores agropecuarios; Estados Unidos acaba de aumentar al 30% los aranceles de productos asiáticos, en particular los chinos (además de restringir la importación de productos tecnológicos que compiten con las empresas de ese país). Es muy bueno para estos países ser liberales para afuera y que seamos demandantes de sus bienes, y conservadores para adentro, evitando la apertura de los mercados externos.
Como señalamos, si bien la ESS no es formadora de precios, sí es formadora de oportunidades: da acceso inclusivo a servicios esenciales, actúa como reguladora de los precios de productos básicos, poniendo freno al abuso especulativo y genera puestos genuinos de trabajo a través de un círculo virtuoso de desarrollo local. Apela a lo más sano del intercambio económico para seguir brindando bienes y servicios como ha sido desde hace muchos años su misión. Es un modelo privado autogestionado de interés público. Son emprendimientos en su mayoría eficientes y competitivos que no compran espejitos de colores con la ilusión de que la libertad sea posible entre zorros y gallinas.
Necesitamos redoblar los esfuerzos de difusión, educación y gestión para que se comprenda en todos lo ámbitos de la democracia, que somos aliados estratégicos fundamentales para sostener el desarrollo local y nacional, y que estamos preparados para seguir actuando nuestro rol en el mercado al cual servimos, sin desnaturalizar nuestra doble identidad de empresas económicas autogestionadas y de movimiento social.
