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Cara y cruz de una misma moneda

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Jorge Pedro Núñez
Jorge Pedro Núñez
Licenciado en Cooperativismo y Mutualismo (UNSE). Presidente del CGCyM (2018-2020). Conferencista, docente, investigador especialista en formulación de proyectos.

Cara

Por estos días se habla mucho de impuestos, no solo en Argentina, sino en gran parte de los países que, al igual que el nuestro, han soportado una dura experiencia económica con la pandemia. Las vacunas insumieron ingentes cantidades de dinero, traducidos en moneda dólar para los que tuvieron que importarlas.

En particular, en nuestro país la pandemia del COVID-19 vino precedida de una deuda externa colosal, con vencimientos, además, incumplibles. La negociación con el FMI culminó con un acuerdo promovido por el Gobierno Nacional, y convalidado en el Congreso Nacional en ambas cámaras legislativas.

Lo que quedó pendiente fue una discusión de la legitimidad de ese endeudamiento, del que mucho se trató en todos los ámbitos de discusión, tanto en el Congreso como en la calle, como quedó demostrado el 24 de marzo en la mayoría de los presentes en los actos que se realizaron en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, porque era inevitable que el tema de la deuda externa aflorara en esa oportunidad.

En la búsqueda de una solución a este endeudamiento, el bloque de senadoras y senadores del Frente de Todos presentó un proyecto de ley para crear un “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”; ¿cómo?, mediante un aporte especial de emergencia de quienes tuvieran bienes en el exterior no declarados ante el fisco. ¿En qué consiste?, en un aporte del 20% de los bienes no declarados, pagadero en dólares.

Así expresado, surge la pregunta: ¿y por qué los evasores habrían de pagar, si hasta ahora sus inversiones en el exterior están a buen resguardo? La respuesta es simple: una vez que entre en vigencia la ley habrá un plazo de seis meses para pagar el aporte, y una vez cumplido ese plazo, la alícuota ascenderá al 35%. Pero además, e importante, los que no paguen se arriesgarán a tener una pena en prisión, que es lo que la ley que está vigente establece, y de lo que se duda que se aplique, pero, en estas circunstancias, ¿quién sabe?

Pero lo que sí se sabe es: que Argentina es el tercer país que tiene más residentes con dinero en guaridas fiscales; que se calcula que el monto allí depositado es de algo más de 400.000 millones de dólares; que se podrían recaudar más de 40.000 millones de dólares; que se creará la figura del “colaborador”, que podría recibir un 30% de lo que se obtenga por la información aportada; y que se encomendará al Ministerio de Economía que solicite la colaboración del FMI en el marco de sus facultades, para asistir a la Argentina en las políticas contra la evasión fiscal, el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, narcotráfico, corrupción y otros delitos, y para cooperar proporcionando información y profundizar su colaboración con la OCDE[i], el Banco Mundial y las Naciones Unidas, en relación al caso de la Argentina e involucrarse en la detección de operaciones ilegales que desvíen fondos a guaridas fiscales.

En paralelo, se presentaría otro proyecto de ley para modificar las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal. También se propondrá que el fiscal no deba esperar la autorización de un juez para acceder a esta información y así acelerar los procesos investigativos.

Cruz

Estados Unidos tiene una deuda pública de unos 30 billones de dólares (30 millones de millones), de la cual 23,5 billones corresponden a acreedores, entre los que están China y Japón, con mayores porcentajes, y los 6,5 billones restantes es deuda contraída por el Gobierno consigo mismo. Siempre dimos por supuesto que esta potencia mundial, cuya moneda es reserva de valor en todo el mundo, nunca tendría un problema ni siquiera minúsculo de lo que países como Argentina padecen; y, sin embargo, el presidente Biden manifiesta una preocupación que es, de algún modo, una novedad en el escenario global.

Se dice que las comparaciones son odiosas, y es en buena medida cierto, si analizamos algunos parámetros de Estados Unidos y Argentina. Por ejemplo: en el primero la relación deuda/PIB (producto interno bruto) es del 132,31%, y en nuestro país, del 71%; la deuda per cápita (deuda/población) de Estados Unidos es de 91.047 dólares, y en Argentina, de 7.569 dólares. Pero suponer que estamos mejor que Estados Unidos sería una fantasía absoluta, es innegable.

El impacto de la pandemia en Estados Unidos se hizo notar, al punto tal que Joe Biden quiere implementar un impuesto para aplicar a los más ricos, que se calculan en unos 700 estadounidenses. Se trata de aquellos que tienen rentas anuales de más de 100 millones de dólares, a los que se les aplicaría un impuesto mínimo del 20%. La recaudación estimada sería de unos 360.000 millones de dólares durante diez años, con lo que se interpreta que, como mínimo, ese será el plazo de imposición.

Un comunicado de la Casa Blanca señaló que: “El presidente Biden es un capitalista y cree que cualquiera debería poder hacerse millonario o multimillonario, pero también cree que es un error para Estados Unidos tener un código fiscal que hace que los hogares más ricos (de ese país) paguen un tipo impositivo más bajo que las familias trabajadoras”. Y agrega: “Este impuesto mínimo solo se aplicaría al 0,01% de los hogares más ricos -aquellos con más de 100 millones de dólares- y más de la mitad de los ingresos provendrían solo de los multimillonarios. Esto garantizaría que en un año paguen al menos un 20% de sus ingresos totales en impuestos sobre la renta”.

Argentina como cara, y Estados Unidos como cruz, de una misma moneda. El cumplimiento de los Estados en el rol de sostenedores del mejor equilibrio posible. Para que las crisis las paguen los que las generaron, aunque sean los mismos que tienen los resortes políticos y económicos, porque al fin y al cabo, como expresa un dicho popular: “la codicia rompe el saco”. De las mayorías populares, claro.


[i] La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ es un organismo de cooperación internacional compuesto por 38 estados, ​​ cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. La OCDE fue fundada en 1961 y su sede central se encuentra en el Château de la Muette en París.

Ilustración: Matías Roffe

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