La Justicia Comercial de la Ciudad de Buenos Aires otorgó una autorización provisoria para que las trabajadoras y los trabajadores del exlaboratorio Roux Ocefa continúen la explotación de las dos plantas ubicadas en Villa Luro y Mataderos.
Las trabajadoras y los trabajadores del laboratorio Roux Ocefa mantienen desde octubre pasado una permanencia pacífica de las plantas para recuperar sus fuentes de trabajo. Y lo consiguieron: están poniendo a punto la fábrica para convertirse en el primer laboratorio recuperado del mundo.
Entre las acciones que han realizado, abrieron un bachillerato para adultos, están diagramando un centro cultural y pensando una consejería en violencia llevada adelante por mujeres del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas.
Roux Ocefa es un laboratorio que fundó Julián Augusto Roux en 1935. Quedó posicionada como una compañía farmacéutica de excelencia que fabricaba y comercializaba más de 100 productos con una planta estable de 500 trabajadores y trabajadoras. Tenía ocho delegaciones regionales y una Fundación para acompañar y contribuir a la comunidad médica con investigación, docencia y divulgación científica. En 2016, la empresa entró en concurso de acreedores, suspensiones, despidos y un pasivo de 50 millones de dólares. Los trabajadores resistieron y propusieron la conformación de una cooperativa, pero el sindicato propuso un comprador, que se hizo cargo del laboratorio.
La gestión fracasó y apareció un nuevo comprador que agudizó la crisis. Desde entonces, se le exigió al juez Sánchez Cannavó la continuidad.
Hoy son el primer laboratorio recuperado del mundo.
En su resolución, el juez Sánchez Cannavó toma como verosímil el relato de la cooperativa y recuerda que en 2017 habían denunciado persecuciones “a quienes se alzaron en defensa de los derechos de los trabajadores”. También sostiene que la decisión de la sindicatura (rechazar el plan de explotación porque la cooperativa no cuenta con el número de obreras y obreros necesarios) es insuficiente.
El fallo notifica al Ministerio de Desarrollo Social y a la Secretaría de Trabajo para que “preste asistencia” a la cooperativa, y apunta: “Se trata, por el contrario, de darle preeminencia a una solución de continuidad con miras en la conservación de las fuentes de trabajo”.
La autorización provisoria es por un plazo de 90 días. En ese lapso, el juez estipula que la cooperativa debe finalizar los trámites pendientes ante la Anmat, que debe habilitar la planta para la producción.
Fuente : Lavaca y colsecornoticias
Foto: elmiercolesdigital
