El martes 30 de agosto, el Senado de la provincia de Mendoza aprobó un proyecto que busca regular la compraventa del cobre y de los metales no ferrosos con el objetivo de evitar el robo de los mismos, ya que es uno de los delitos que más creció desde el 2021 y que afecta principalmente el servicio eléctrico en las zonas rurales.
El presidente de FACE espera que la iniciativa pueda controlar el fenómeno “incontenible” que suscita el robo de transformadores. Aseguró que en el Este mendocino se produce un hurto por semana.
El proyecto, que fue presentado por Mercedes Rus (UCR) y pasó a Diputados a la espera de su sanción final; busca establecer un régimen preventivo y de control de actividades con esos metales y otorgarles a las fuerzas de seguridad facultades de incumbencia para su abordaje.
José Álvarez, quien preside FACE y la Cooperativa Alto Verde y Algarrobo Grande, de San Martín Mendoza, una de las más afectadas en los últimos tiempos por este tipo de delitos; celebró la medida y expresó “ojalá que acá en Mendoza, con esta Ley podamos de alguna manera controlar esto que está afectando seriamente al sector eléctrico de la provincia de Mendoza”.
En el Este mendocino, donde brinda el servicio eléctrico la cooperativa que preside Álvarez, la situación es alarmante, han sufrido el robo de un transformador por semana y las pérdidas son cuantiosas, ya que los equipos robados oscilan entre los 700 mil y los 800 mil pesos cada uno aproximadamente. De acuerdo con los datos presentados en el proyecto, el material es vendido en el mercado negro a un costo superior a los $1.300 por kilogramo y en fundiciones a $2.000; y un transformador de dimensiones medianas (100 KVA) contiene aproximadamente 100 kg de cobre.
El dirigente cooperativo destacó que se trata de un fenómeno global, que no sólo afecta en su mayoría a los sectores alejados de las urbes “donde los delincuentes se manejan de la mejor manera posible, tienen todas las condiciones para realizar los robos”, sino también a varios sectores de la provincia; provocando un perjuicio hacia el usuario-cliente que ve impedido el suministro de energía eléctrica y el perjuicio ambiental ya que en ciertos casos se derrama aceite que contienen los transformadores.
Fuente: ElNueve.com y FACE arg
