Con el objetivo de generar puestos de trabajo remoto en el Estado o en empresas privadas que les generen vínculos laborales dentro y una vez liberados, presentaron desde la cárcel de Batán un proyecto de ley para generar un cupo laboral en el Estado para personas privadas de su libertad e impulsar incentivos para empresas privadas. También, fomentan el cooperativismo carcelario como los pioneros de Cooperativa Liberté.
Xavier “Pampa” Aguirreal es uno de los fundadores de Liberté, la primera cooperativa de presos que trabaja por la dignidad desde la Unidad Penal 15, y ahora coautor del proyecto de ley.
El proyecto presentado por la abogada Laura Andino junto a la Cooperativa Liberté apunta en los dos sentidos: generar ingresos a quienes están transitando los últimos tramos de su condena y establecer que su relación laboral se mantenga un tiempo una vez recuperada la libertad. “Ha de aportar un gran beneficio no sólo a presxs sino a todo el eje social ya que saldrán tras cumplir condena con cultura de trabajo, entre otros valores”, destacan desde Liberté.
EL PROYECTO
“El deseo de las personas privadas de su libertad es recuperar la libertad y proyectan cómo serán sus vidas cuando la recuperen. Para ello, las necesidades básicas y urgentes que deben cubrir en el momento de alcanzarla son: tener alguien que los espere, disponer de una vivienda y conseguir trabajo”, introduce Laura Andino en su presentación en el Congreso de la Nación y ingresado por la Cámara de Diputados, a la espera de que pueda avanzar su tratamiento.
El taller-cooperativa de la Unidad Penal 15 de Batán se presenta como un modelo para el resto de las cárceles de la Provincia. La historia, los logros y el presente del dispositivo carcelario inédito.
Sin embargo, muchas veces, y a pesar del discurso imperante, las posibilidades de acceso a un empleo para este colectivo son muy limitadas. Entonces, así como surge con otros cupos laborales, aparece el Estado como primer garante de empezar a dar el ejemplo y deconstruir una realidad adversa.
En ese marco, aprovechando la experiencia de la pandemia de coronavirus y el auge de lo remoto o virtual, el proyecto se propone incorporar en tareas simples pero remotas el trabajo de las personas privadas de su libertad próximas a salir, durante los últimos tres años y los tres meses posteriores.
En primer término, aclararon que el proyecto de ley fue pensado a nivel nacional y deberá ser complementado en la Provincia con la Ley Provincial 14.301 que establece, por ejemplo, un cupo laboral del 2% de liberados en el personal del estado bonaerense. Plantearon que la diferencia radica en que este proyecto “pretende la contratación de un trabajo rutinario por un período de 3 años y 3 meses”.
A su vez, para su efectivización, la autora del proyecto plantea como la mejor solución que esas personas privadas de la libertad se agrupen en cooperativas autogestionadas y destaca el trabajo de Cooperativa Liberté, que además de ser la primera en su tipo, “por lo exitoso de su funcionamiento está siendo extrapolado a otros establecimientos penitenciarios de la Provincia”.
En cuanto la implementación de la ley en caso de ser aprobada, sobre todo al necesitar de insumos electrónicos para llevar adelante el trabajo remoto desde la cárcel, citan los artículos 4 y 5 de la Ley Provincial 14.301 que facilitan la contratación de cooperativas y la cesión de créditos por parte del Banco Provincia.
Por otro lado, el proyecto también incluye al sector privado, a través de beneficios impositivos para quienes empleen a personas privadas de su libertad, por ejemplo, deduciendo un valor del Impuesto a las Ganancias, estableciendo que podrán computar hasta el equivalente al 50% de las remuneraciones nominales que las personas privadas de su libertad perciban como parte de pago. El sistema que prevé el proyecto, además, es el mismo: un esquema de trabajo remoto, y “reiterativo”, de 3 años y 3 meses con preferencia a personas nucleadas en cooperativas de reclusos.
En cuanto al sector privado, advierten que actualmente son muy pocas las compañías que permiten la incorporación a personal con antecedentes penales y mucho menos a reclusos. “Es un estigma difícil de llevar y superar“, marcaron y agregaron: “Solo mediante una verdadera inserción social lograremos una sociedad más justa e igualitaria porque nadie tiene que tener su pasado como destino”.
Fuente: https://quedigital.com.ar y foros Chab
