Los servicios mutuales debieran prestarse sin dificultades por el noble objetivo que guía las acciones en el ámbito tan especial de la Economía Solidaria; pero también por un estricto sentido de justicia y equidad, que indicaría que el sector no está en peor situación que los demás, o que no tiene derechos recortados por la farragosa cantidad de las distintas regulaciones de su operatoria, o simplemente por los prejuicios y estereotipos que adopta el que aplica las normas.
O sea que no debiera estar discriminado, como es el caso de las Mutuales que cuentan con el servicio de ayuda económica, simplemente porque se dice que “son peligrosas”. Ha sido hasta el momento un “vía crucis” el tema del cierre de las cuentas bancarias de las entidades, en contra de la Ley que las regula y en contra del sentido común, si se advierte la noble esencia de nuestras entidades. A esto hay que agregar su situación de permanente sospecha.
En el reciente Congreso de Ayuda Económica se comunicó un inminente convenio con el Banco Central para llegar a un acuerdo definitivo en la necesidad del sector de que no se produzcan estos cierres de cuenta intempestivos y fuera de toda razón legal. Es más, la Dra. Delia Cortelletti representante calificado de este Organismo, se manifestó a favor del sistema mutual afirmando que “son actores importantísimos en el desarrollo económico, cultural, social y están colaborando con el objetivo de la bancarización y transparencia que tiene la conducción del Banco Central”. También afirmó que seguirán interactuando con el INAES. Esto indicaría un cambio de posición y que las gestiones desde el sector y el Organismo específico de contralor, están dando resultados favorables.
Es importante destacar el rol de la Justicia penal en la investigación y penalización de los delitos de Lavado de Dinero y Financiación del terrorismo, ya que cumple con un rol netamente preventivo en la medida que aparezcan resultados concretos producto de la aplicación de estas regulaciones.
Pero eso no obsta para separar la `paja del trigo´, y determinar quiénes utilizan el ropaje de la Economía Solidaria en pos de obtener beneficios personales o resultados inescrupulosos.
Es cierto que la alta circulación de dinero en efectivo puede elevar los riesgos de financiamiento del terrorismo, aspecto este que está debidamente controlado para las Mutuales de Ayuda Económica y las Cooperativas de Crédito, mediante la Resolución específica referida al tema, emitida por el Órgano de Contralor, Res. 5450/14 INAES Art. 1º, por la que se limita expresamente esta operatoria.
Sin embargo, las entidades han limitado muy fuertemente el uso de dinero en efectivo, producto de las medidas de seguridad adoptadas, ya que se utiliza la transferencia electrónica bancaria, y por limitaciones propias al uso del dinero que los mismos bancos han tomado como norma, se previene y limita de este modo el accionar de quienes podrían utilizar la figura mutual inescrupulosamente para obtener mayores réditos económicos en operaciones con sus asociados, más allá de las regulaciones del INAES.
Este riesgo no nos cabe duda que es muy limitado. Por cierto, no es el objetivo de la mutualidad operar con el narcotráfico, y si existen entidades con esta figura jurídica captadas por el mismo, sería de interés conocer los nombres, ya que el sector no ha accedido a listados de entidades involucradas.
Pero nos llama poderosamente la atención que mientras las entidades financieras cuentan con sucursales y banca off shore, no se conoce un registro del sector mutual o cooperativo de entidades que operen en este sentido, o por lo menos, no son conocidas en nuestro sector.
Quizás el reciente éxito del blanqueo fiscal que alcanzó o superó los u$s 100 mil millones, nos podría permitir conocer la real dimensión del cooperativismo y el mutualismo de ayuda económica en dicho proceso, para desenmascarar este mito de que el más chico es el más culpable, y es sabido que cuando se habla sin nombrar a nadie, es más difícil defenderse.
Respecto a datos que dio el PROCELAC, en el reciente Congreso de Ahorro y Préstamo, son tan significativos, que debieron ser detectados por los bancos o por la AFIP. Teniendo en cuenta los valores que pueden manejar nuestras entidades, no tenemos conocimiento y menos aún la certeza, de que una parte de las cooperativas y mutuales puedan haber realizado fraudes económicos por 18.000 millones de pesos y evadido por 6.000 millones como se ha dicho.
Si ocurrió, es porque nada han hecho los órganos de control para impedirlo, a los que deberíamos sumar los miles de millones de dólares que por un solo banco se fugaron al exterior.
Coincidimos en que hay que trabajar en la prevención del Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, y tan es así, que las mutuales y sus Federaciones representativas trabajan fuertemente en la capacitación e instalación de herramientas tecnológicas, y también se están ocupando de instalar el autocontrol, un sistema que desde hace años se utiliza en Alemania.
Lo cierto es que las mutuales como institución, no sólo no son peligrosas, como se dice, sino que son tan nobles y efectivas en su accionar que contribuyen al desarrollo local, al crecimiento de las Economías Regionales, ayudan a bancarizar a los asociados, y sobre todo evitan la fragmentación de las familias al contribuir a la generación de puestos de trabajo a través del desarrollo local de pequeñas localidades.
Por todo ello, es más necesario que nunca realizar un efectivo control para evitar cualquier mal manejo y erradicar las sospechas que no tengan fundamento cierto.
