Las instituciones necesitan innovar para estar a la altura de las necesidades de la gente y para dar respuestas a las nuevas y complejas problemáticas
En el siglo XXI los pueblos comenzaron a transitar un camino hacia una democracia participativa, que exige profundas reformas en el Estado y la modernización de las instituciones, a través de políticas públicas orientadas al desarrollo.
El Estado debe dar respuestas a pueblos cada vez más exigentes y permitir su participación en los procesos de transformación.
Antes se gobernaba en soledad, pero ahora los gobiernos deben desarrollar habilidades para lograr consensos y tomar decisiones con otros actores.
La política debe adaptarse a esa nueva lógica. Se debe informar al pueblo a través de todos los medios disponibles qué hace, cómo se hace y cuánto se gasta en salud, educación, trabajo, vivienda, obra pública y seguridad. También sobre las acciones que se llevan adelante para combatir la corrupción, las situaciones de privilegio, la desigualdad de género y cómo se enfrentan los problemas ambientales, entre otras tantas temáticas.
En este contexto, Gobierno Abierto representa una oportunidad para cambiar la relación que existe entre el Estado y el pueblo. Ofrece una forma innovadora de implementación de políticas, programas y proyectos para consolidarse como plataformas colaborativas.
Un pueblo feliz es aquel que participa y colabora con un Estado más accesible, abierto y cercano. Entonces, reformar lo público no es otra cosa que un proyecto colectivo de humanidad, que pretende abrir, modernizar, transparentar y agilizar las instituciones que van a cambiar el mundo.
Para brindar un buen servicio, para modificar o crear leyes se necesita funcionarios y servidores públicos de vocación, quienes van a contar con la empatía suficiente para interpretar la realidad, comprender la necesidad del cambio cultural y lo que la sociedad en su conjunto aspira.
Existen herramientas que podrían aplicarse para una transformación profunda que ayude a mejorar los servicios y a brindar respuestas inmediatas a la gente: inteligencia artificial, robótica y la realidad aumentada; sin embargo, seguimos sufriendo la burocracia.
Como militantes y servidores públicos de vocación, entonces, tenemos la responsabilidad de lograr que las administraciones sean proactivas, permeables y accesibles a las nuevas exigencias.
Es en este punto en el que nadie escapa a las malas experiencias con la burocracia. A lo largo de la vida dejamos nuestro tiempo, que es el activo más preciado, para hacer otras cosas que nos apasionan y que no siempre están relacionadas con las responsabilidades.
Cumplir con un trámite u obtener un servicio no debiera resultar una experiencia fastidiosa para el contribuyente, para el receptor de políticas públicas: la jubilada, el discapacitado, los hombres, los niños, las mujeres, las disidencias. Por el contrario, en los tiempos modernos se espera que el Estado simplifique la vida.
Una mala experiencia lleva a perder la confianza en la política y en las instituciones, y hace que la ama de casa o el jubilado, por ejemplo, tengan menos disposición y tiempo para pagar sus impuestos o inclusive, para ir a votar a sus representantes.
La eficacia del Estado y altos niveles de felicidad de su gente se logran con buenos gobiernos, que cumplen con lo que prometen, que trabajan en el territorio, planifican y que rinden cuentas.
Para ponerlo en perspectiva, si bien, la vida no es otra cosa que la superación constante de obstáculos para ser felices y hacer felices a otros, al interior de las organizaciones esto funciona de la misma manera. Hay que animarse a la reforma, a la reinvención para innovar. Cerrar brechas entre lo que quiere el pueblo y lo que brinda el Estado. Poner en valor las opiniones de todos, para buscar juntos las soluciones a los problemas cotidianos.
Un Estado fuerte es un estado inteligente, receptivo e innovador, que no deja a nadie atrás, empatiza con la igualdad de género y de etnias, incluye a las personas con discapacidad y se compromete con la causa ambiental. Un Estado que desarrolla procedimientos digitalizados con tecnologías de avanzada, sosteniendo al mismo tiempo la atención presencial, que da respuesta a la gente con más dificultad para acceder a las nuevas tecnologías.
Combinar lo digital con los servicios de atención personal, garantiza mayor accesibilidad y mejora la experiencia de los vecinos. Automatizar algunos procesos libera tiempo para que los servidores públicos se ocupen de las tareas más importantes en momentos en que los problemas son cada vez más complejos.
