Desde diferentes perspectivas ideólogos, académicos, intelectuales, empresarios, funcionarios públicos, activistas sociales, y representantes de organismos internacionales han mantenido durante las últimas décadas discusiones sobre las relaciones del Estado y el Mercado.
La relación entre el Estado y el mercado, sus afinidades, complementariedades, antagonismos y diferencias, forman parte del debate político, económico y social, dentro de las grandes transformaciones por la cuales está atravesando la sociedad contemporánea.
De manera simple podemos entender el Estado, como el conjunto de instituciones dentro del poder ejecutivo, legislativo y judicial, donde se establecen las políticas públicas y las normas jurídicas que regulan la sociedad.
Desde el punto de vista económico, el mercado es el espacio donde confluyen la oferta y la demanda de un conjunto de transacciones o intercambios de bienes o servicios entre diferentes agentes económicos.
Desde el punto de vista teórico, se parte de la premisa de que el Estado define las reglas del mercado, sin embargo, el sistema económico inspirado en el modelo de mercado, cabe preguntarse ¿quién define, dirige y controla las reglas de la economía de mercado?
A partir de la segunda mitad del siglo pasado, la racionalidad de la vida social se acostumbró a la presencia del Estado, como regulador de la sociedad, seguida de una etapa donde se privilegió la presencia de un sistema económico inspirado en las capacidades del mercado, el cual ha permeado en todas las actividades del sistema social, subordinado a los intereses productivos y acumulativos de la economía de mercado.
A partir de los múltiples problemas que en apariencia han experimentado los estados de la Región Latinoamericana y su incapacidad resolutoria, por parte de algunos organismos multilaterales, centros académicos, grupos políticos, empresas transnacionales y otros grupos económicos, se promovieron acciones tendientes a la disminución del tamaño del estado.
Este proceso incorporó la privatización sobre todo de actividades de alto rédito del capital tales como: bancos, telecomunicaciones, servicios de energía y agua potable, obras de infraestructura, servicios de salud y educación, administración de reservas naturales, entre otros. El traslado de actividades del Estado se dio hacia algunos sectores poderosos, nacionales y transnacionales, los cuales adquirieron activos locales en condiciones favorables para sus intereses económicos, contando en algunos casos con la complacencia y consideración de algunos representantes de la clase política.
El concebido modelo de mercado, desarticuló la visión de colectividad social hacia una centrada en la individualidad, generando un “síndrome de mercancía” en la mayoría de acciones del sistema social. Por ejemplo, actividades como el servicio de agua, la salud, la educación, la seguridad, la banca de desarrollo, han pasado de ser bienes públicos a convertirse en mercancías del mercado afectando el interés general de la sociedad.
Los Estados nacionales han estado siendo erosionados desde distintos flancos, la crisis económica, pero también el tráfico de influencias y la corrupción, los ha sumido en una situación de creciente incapacidad para abordar las intensas tareas redistributivas que les eran propias dentro de la concepción del estado social de derecho.
Pareciera que existe un agotamiento en las capacidades de gestión y en el ejercicio de la acción de gobierno de nuestras sociedades. El ejercicio público institucional muestra fisuras importantes, existe un déficit considerable en la actualización jurídica, en la estrategia de desarrollo institucional y la operatividad del sistema. La concepción histórica del concepto de Estado, el cual, ha permitido una evolución importante en la construcción política, económica y social de nuestras sociedades, atraviesa por un período en el cual, se encuentra en entredicho la capacidad de gestión y acción del sistema político.
En general, la sociedad se debate dentro de distintas concepciones en relación con el papel del Estado en nuestros días; algunas tendientes a la disminución del Estado, otras, hacia el reclamo de restablecer su rol estratégico y protagónico. Los sectores más desfavorecidos siguen demandando del Estado sus funciones sociales, aunque en la práctica, el Estado está mutilado para poder cumplir a plenitud con este rol.
La concebida “duología” Estado-Mercado, ha demostrado contar con importantes fisuras para el desarrollo humano; algunas corrientes ideológicas han planteado la tesis de disminución del Estado, bajo la premisa de “Más Mercado – Menos Estado”, lo que disfraza las reales intenciones de la acumulación de sectores poderosos transnacionales, secundado por la acción y el tráfico de influencias de algunos agentes políticos y económicos nacionales.
Los defensores de la filosofía del mercado le atribuyeron la capacidad de “autorregulación” amparados en una visión de un Estado más neutro. A manera de ejemplo, la discreta supervisión y regulación de la operación de la banca y de las entidades financieras, ha terminado por producir sucesivas y profundas crisis a partir del 2008, generando recesión económica, pérdida masiva de empleos, restricción del crédito, inestabilidad de los mercados, y desconfianza de los inversionistas, así como solicitudes de parte de los banqueros al Estado para fondear las devolución de fondos públicos.
El deterioro de la calidad de vida de importantes sectores de la población va generando una sensación de que el sistema político no tiene capacidad para afrontar este desafío, se erosiona la credibilidad de los valores democráticos y se va difundiendo la sensación de que las constituciones políticas y leyes en las cuales se establecen derechos y garantías sociales, no tienen valor práctico, lo cual profundiza la desconfianza de los ciudadanos hacia el Estado, sus instituciones y hacia el marco jurídico de la sociedad.
Ahora bien, esta relación entre el Estado y el mercado, se ha visto impactada en la época reciente, por la pandemia provocada a partir del coronavirus tipo 2, del síndrome respiratorio agudo SARS-CoV-2.
Esta nueva condición genera tensiones entre los diferentes sectores de la sociedad, los cuales demandan soluciones y una cantidad considerable de demandas, a un Estado mutilado, erosionado y disminuido en sus capacidades políticas, estratégicas, económicas y funcionales.
El carácter sistémico de la problemática por la cual se atraviesa ciertamente requiere de un rol protagónico y efectivo por parte del estado, el cual ha demostrado, que más allá de sus condiciones, es quien protege el bienestar general. En la mayoría de los países la crisis sanitaria está siendo atendida principalmente por los sistemas de salud públicos.
Sin embargo, esta situación ha reabierto las fisuras entre lo público y lo privado, donde se le pide al estado, menos planilla pública, más apoyo a sectores altamente perjudicados, menos cargas impositivas, y más inversión social.
El premio nobel de Economía Joseph Stiglitz plantea en relación con el Estado y el mercado: “Ambas instituciones tienen limitaciones; ninguna de ellas da la talla ideal. Se debe dar un cambio de enfoque de las relaciones entre mercado y estado, trascendiendo la visión dualista y sistemáticamente conflictiva hacia una concepción que otorgue espacio a la complementariedad entre ambas instituciones. Se debe promover que los mercados privados funcionen mejor y que con los incentivos del mercado se brinden para un mejor funcionamiento del gobierno”.
En la práctica se evidencia una bipolaridad antagónica por parte de los idealistas del Estado, no siempre se considera la eficiencia productiva y en la del mercado, no están la justicia social, la equidad, la solidaridad, la protección del medio ambiente y el desarrollo humano.
Pareciera que en nuestros días, el Estado y el mercado no son necesariamente compatibles. Mientras la Democracia idealmente busca la justicia y la igualdad como valores fundamentales del sistema social, el mercado tiene otros objetivos y valores: para la Democracia hay ciudadanos, para el mercado hay consumidores.
Estamos en una nueva etapa donde es necesario que el Estado renueve su propia institucionalidad para poder servir mejor al desarrollo; para esto es necesario promover condiciones para la generación de riqueza con una adecuada distribución social.
Es necesario reconceptualizar o revalorizar el espacio de lo público, así como los límites de lo público y de lo privado y sus correspondientes complementariedades.
Queda pendiente lograr determinar si la institucionalidad política tiene la capacidad de adaptarse en este nuevo y complejo escenario para dar respuestas a las demandas de una ciudadanía, más movilizada, empoderada y exigente, que no consciente la discreta capacidad del estado, así como la concentración de la riqueza, la exclusión y desigualdad social.
