Las resoluciones 3400/17 y 3401/17 del Ministerio de Educación de la Nación, que establecen implementar contenidos de mutualismo y cooperativismo en las carreras de grado de Abogado y Contador público, son un hecho muy positivo y alentador para el reconocimiento de la singularidad jurídica y contable del sector.
La aprobación de ambas normativas en septiembre de 2017 supone que los futuros abogados y contadores tendrán conocimientos y competencias acreditados sobre qué son las cooperativas y mutuales, cuál es su naturaleza jurídica, cómo tributan, cómo se organizan, funcionan, controlan y cuál es la importancia económica, social y cultural que revisten. Este cambio cualitativo promete un efecto favorable para las empresas de la Economía Social y Solidaria. A su vez, en la medida en que las universidades cumplan con dichas resoluciones, se reducirá la brecha que las mismas poseen con el sector, ámbito de vital importancia para el país, ya que es un segmento económico que desde sus orígenes – centenarios – satisface las necesidades de millones de personas por medio de un modo de organización que articula economía, racionalidad social y bienestar individual.
Salvo honrosas excepciones en carreras específicas de formación (enumeramos, entre otras, a las universidades nacionales de Santiago del Estero, de La Plata y de Tres de Febrero, a la autónoma de Entre Ríos y a la Católica de Santa Fe), en la actualidad es grande la ausencia del mutualismo y el cooperativismo en los centros educativos de nivel superior.
La profundidad de este avance excede la simple promulgación ministerial. Nos encontramos ante un suceso de envergadura, que emerge de la acción articulada de varios actores de peso: el movimiento cooperativo y mutual (a través de sus entidades más representativas), el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y el Ministerio de Educación de la Nación (dentro del cual sobresale la contribución del Programa Cooperativismo y Economía Social en la Universidad de la Secretaría de Políticas Universitarias). Este cambio transcurre en un escenario hoy dotado de intensa actividad, donde se espera que potencie desde el inicio a las empresas económicas de carácter solidario.
Acciones concretas
A poco tiempo de aprobadas las normas en cuestión, se inició un raid de integración entre los jugadores, principales responsables de que las disposiciones del Ministerio se vuelvan realidad: el INAES, las Universidades y las Confederaciones de Cooperativas y Mutuales. El primero de ellos, situado en el centro del terreno, viene firmando desde 2018 numerosos acuerdos con universidades de todo el territorio nacional (ver Cuadro 1) y con entidades representativas de nuestro sector (ver Cuadro 2), con el fin de que los estudiantes de contabilidad y abogacía puedan desarrollar sus “prácticas profesionales supervisadas” en cooperativas, mutuales y organismos públicos nacionales, provinciales y municipales vinculados a la Economía Social.
A enero de 2019, el INAES ya ha suscripto convenios con dieciséis universidades, dos Confederaciones mutuales y dos Confederaciones cooperativas. Los anuncios son auspiciosos porque reflejan la decisión universitaria de brindar una oferta académica acorde a la relevancia y necesidades del sector. De todos modos, es evidente que queda mucho camino por recorrer. Considerando que existen en el país 111 universidades (entre públicas nacionales y provinciales, y las de gestión privada), falta que el 85% de ellas se ponga a tono con este tipo de acciones. Por el lado del campo solidario-asociativo, la dirigencia deberá trabajar con fuerza para que todas las empresas tracen puentes entre sus realidades institucionales y las distintas carreras.
El valor implícito de estos movimientos
Por la magnitud del potencial que posee, la promulgación de las resoluciones 3400 y 3401 del Ministerio de Educación de la Nación constituye el acontecimiento normativo más importante para la educación mutual y cooperativa desde la incorporación del Artículo 90 en la Ley Nacional de Educación N° 26.206 sancionada en 2006. Asimismo, es una muestra de que no todo está perdido en el sistema político-institucional argentino, y que las prácticas características de la democracia pueden aún tener vigencia en nuestro país. Este hito (como el logrado en 2006) evidencia que las instituciones del Estado, al menos las que orbitan sobre el campo educativo, son capaces de escuchar y satisfacer demandas específicas de sectores organizados de la sociedad.
Al mismo tiempo, constituye un logro para el conjunto de empresas asociativas, pues concreta una de las reivindicaciones históricas más emblemáticas del campo: la propagación de la educación cooperativa y mutual en los diversos segmentos educativos del país.
Oportunidades y desafíos
Instalar contenidos mutuales y cooperativos en carreras de semejante importancia tendrá múltiples consecuencias. En principio, visibilizar al cooperativismo y al mutualismo en espacios de la sociedad que, generalmente, los desconocen. La variedad de prejuicios que se extiende puertas afuera del sector tendrán cada vez menos resonancia.
A su vez, esta es una gran oportunidad para los profesionales de la Economía Social y Solidaria: podrán hacer valer sus conocimientos en nuevos contextos universitarios. Graduados en cooperativismo, mutualismo y economía social, como también técnicos de otras disciplinas, deberían ser convocados para satisfacer las necesidades de acompañamiento de los estudiantes que se sumerjan en el intenso universo de la cooperación y la ayuda mutua: dando clases, dirigiendo tesis, prestando asistencia y consultoría, etc.
Como planteara la Lic. María Estela Lauritto en la edición de diciembre de Mundo Mutual, para que estos hechos se transformen en un giro histórico, será necesario que el sector sostenga un alto nivel de compromiso y responsabilidad para afianzar esta política pública que, esperamos, amplíe los caminos hacia un fructífero porvenir.
Cuadro 1: Universidades que firmaron convenio con el INAES
| Universidad Nacional de Catamarca | Facultad de Ciencias Económicas y de Administración |
| Universidad Nacional de Cuyo | Abogacía – Contador Público |
| Universidad Católica de Santa Fe | Abogacía – Contador Público |
| Universidad de Concepción del Uruguay | Abogacía – Contador Público |
| Universidad de la Marina Mercante | Abogacía – Contador Público |
| Universidad Católica de Santiago del Estero | Facultad de Ciencias sociales y Jurídicas |
| Universidad Católica de Santiago del Estero Sede Jujuy | Abogacía – Contador Público |
| Universidad Católica de Santiago del Estero Sede San Isidro | Abogacía – Contador Público |
| Universidad Champagnat de Mendoza | Facultad de Ciencias Empresariales y Gestión Pública |
| Universidad Nacional de Misiones | Facultad de Ciencias Económicas |
| Universidad de Moron | Facultad de Ciencias Económicas |
| Universidad Gastón Dachary Misiones | Abogacía – Contador Público |
| Universidad Nacional de Avellaneda | Abogacía – Contador Público |
| Universidad Nacional de La Rioja | Abogacía – Contador Público |
| Universidad del Museo Social Argentino | Facultad de Ciencias Económicas |
| Universidad Nacional de Jujuy | Abogacía – Contador Público |
| Universidad Nacional de San Juan y Universidad Católica de Cuyo (abogacía – contador público) convenios firmados por el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social del Gobierno de la provincia de San Juan | |
Cuadro 2: Confederaciones mutuales y cooperativas que firmaron convenio con el INAES
- CAM: Confederación Argentina de Mutualidades
- CONAM: Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina
- CONINAGRO: Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada
- COOPERAR: Confederación Cooperativa de la República Argentina Ltda.
