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La denominación “Economía Social y Solidaria” (ESS) se acuñó hace tiempo, y por eso mismo es conveniente revisar, cada tanto, su significado y su alcance.

En primer lugar, es “economía”, porque las organizaciones que la componen procuran a través de sus actos la obtención de beneficios para sus miembros asociados, a través de los servicios y bienes que satisfacen sus necesidades, mediante una política de precios que, de superar los costos, producen excedentes, que en algunos casos se capitalizan íntegramente, y en otros se retornan dentro de cierto límite.

Es “social”, porque están animadas por la vida en comunidad, que les da vida y sentido a las organizaciones, mancomunadas en la búsqueda del bien común, a través de la ayuda mutua.

Y es “solidaria”, porque las acciones de los miembros de las organizaciones tienen el carácter de la reciprocidad: lo que cada uno aporta, beneficia a otro, y este otro, a su vez, reproduce la acción, que recae en otro, que, hipotéticamente, podría ser el autor de la primera acción. Este proceso se repite indefinidamente, y confirma la regla: hoy por ti, mañana por mí.

Solidaridad, según la Real Academia Española, es, entre otras acepciones: “adherido o asociado a la causa, empresa u opinión de alguien”. Adhesión, asociación, son términos que implican un compromiso de intereses comunes, marcado por el sentido del beneficio mutuo.

La Economía Social y Solidaria funciona con ese insumo, no porque las personas que la integran sean necesariamente probas e inmaculadas, sino porque el sistema que rige las actividades de las entidades que componen ese universo establecen normas, principios y valores, que, de no observarse, desnaturalizan la razón de ser aquéllas. Cuando los destinatarios de los beneficios de las organizaciones sin fines de lucro dejan progresivamente de recibirlos, se afecta la sustancia, y la declinación y el ocaso se perciben como posibilidades.

La economía capitalista de lucro, en cambio, no tiene ningún prurito en admitir que su única finalidad es la acumulación; las personas son “consumidores”, “clientes”, y no hesitan en aplicar estrategias para aumentar al máximo posible sus ganancias.

El hecho de que las organizaciones estén reconocidas legalmente como exentas del Impuesto a las Ganancias, hace a veces que, si producen excedentes significativos, caigan bajo la sospecha de fraude, como si le estuvieran robando al Estado. En los propios organismos de control están los que se formaron profesionalmente en la concepción de que la economía auténtica es la que se apropia -legalmente- de recursos de la población, mediante el precio.

Precio: hay una diferencia singular entre una y otra economía; en la lucrativa, la diferencia entre el precio y el costo va a parar al bolsillo de los propietarios, mientras que en la ESS esa diferencia vuelve a quienes la produjeron. En las mutuales, la capitalización es total, mientras que en las cooperativas la distribución de excedentes alcanza al 85%, porque se considera que entre el precio de bienes o servicios y los costos de explotación hubo una diferencia (excedente) que el asociado no debió pagar, y por eso, hasta ese porcentaje, retorna a él.

El problema, volviendo al concepto de solidaridad, es el límite razonable para la acumulación de ganancias, que, como en caso de Argentina, un 0,02% de la población (9.298 personas humanas) acumula fortunas individuales superiores a los $ 200 millones, y se niega a hacer un aporte por única vez en una situación excepcional como la que produjo la pandemia del COVID-19.

El propio Papa Francisco alude a la cuestión en su última Encíclica “Fratelli Tutti”: “…Estamos más solos que nunca en este mundo masificado que hace prevalecer los intereses individuales y debilita la dimensión comunitaria de la existencia. Hay más bien mercados, donde las personas cumplen roles de consumidores o de espectadores… El derecho a la propiedad privada sólo puede ser considerado como un derecho natural secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados, y esto tiene consecuencias muy concretas que deben reflejarse en el funcionamiento de la sociedad. Pero sucede con frecuencia que los derechos secundarios se sobreponen a los prioritarios y originarios, dejándolos sin relevancia práctica.

El capitalismo ha naturalizado el “vale todo”, y procura que se le pongan la menor cantidad de regulaciones posibles. La ESS tiene que tomar partido y no restringirse a ser “la economía de los pobres”, muy por el contrario, sería deseable que se convierta en el dique de contención de la avaricia y la impudicia.

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