Febrero y marzo son los meses en que el INAES retoma sus actividades, con la gran novedad de la designación de Alexandre Roig como flamante presidente del Instituto.
Mientras esto sucede, sigue fresco el recuerdo de Mario Cafiero, que produjo mucho en el poco tiempo que el destino le deparó. Tal vez por eso preocupa la continuidad de políticas públicas activas, más aún cuando todavía estamos bajo los efectos de la pandemia de COVID-19. Es justo reconocer que Nahúm Mirad ha representado dignamente al Organismo, aunque es evidente que su rol fue concebido como transitorio, y que, a partir de la designación de Roig, los sectores mutualista y cooperativista tendrán un interlocutor con el suficiente respaldo político para ejecutar medidas de fondo, más allá de la normalidad en los procesos y trámites administrativos.
Una de las cuestiones que no termina de cristalizarse, es el de la transparencia de las mutuales y cooperativas, pese a la reciente Resolución N° 1437/2020 del INAES en la que se aprueban y ponen en acto de cumplimiento, los formularios de “Informes Socioeconómicos de Cooperativas y Mutuales”. En opinión del Gabinete de Balance Social del CGCyM (ver Mundo Mutual de enero de 2021), la información que se solicita a las entidades “no demanda a la institución ningún tipo de gestión sobre su calidad, resultados o incidencia y cumplimiento de los objetivos sociales de cada una de las entidades”.
Y, ¿cuál sería, entonces, la herramienta estratégica de gestión para las entidades? El Balance Social, Cooperativo y Mutual.
Esta herramienta existe desde que, en diciembre de 1983, el CGCyM publicara “El Balance Social en las Cooperativas”, con la autoría del presidente del Colegio en ese momento, Gerardo F. Martínez, y Alberto L. Bialakowsky; a la sazón, la primera publicación con esa temática.
Tanto el sector mutual como el cooperativo, no pueden quedar expuestos a situaciones en las que, por falta de transparencia, pero también de control, aparecen en las páginas de policiales de algunos medios periodísticos, que rara vez publican los avances de estas organizaciones de la economía social en el desarrollo de soluciones comunitarias, allí donde el Estado no llega o no alcanza su intervención.
Si las acciones desde los órganos de control son preventivas, son aciertos, pero si se relegan a soluciones punitivas, son fracasos. Incluso, aún en el caso de las intervenciones, hay antecedentes recientes y también lejanos en el tiempo, en el que los supuestamente correctores, terminan siendo los sospechados de prácticas ilegales.
Tenemos la esperanza de que el Gobierno Nacional, a través del INAES, propicie la multiplicación de ese capital del que Mario Cafiero no se cansaba de hablar, el combustible que, cuanto más se usa, más se tiene: la confianza.
