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Francia: la epopeya de “las mutuas” en el transporte público

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Mathilde Blanchon
Mathilde Blanchon
Estudiante francesa de economía y ciencias políticas. Corresponsal de Mundo Mutual y Economía Solidaria en Francia

¿Una foto de un presidente francés saltando los torniquetes del metro de París? Un símbolo de la “Francia tramposa” para el periódico Libération; una mirada al inconformismo francés para el Financial Times. Desde 2005 hasta 2016, varios grupos han constituido una mutua de seguros. La oportunidad de que la idea mutualista se encuentre más cerca de sus raíces de protesta, al menos, por un corto tiempo

Los movimientos de protesta de los desempleados en el invierno de 1997-1998 dieron lugar a la aparición en Francia de una serie de iniciativas de desobediencia civil a favor de la gratuidad del transporte: provistos de una tarjeta improvisada en la que se indicaba el nombre, el apellido y los motivos del fraude, algunos grupos optaron por viajar sin pagar. Para Julie Tessoto, politóloga, esta acción era un “radicalismo autolimitado”, ya que “las situaciones límite en términos de derecho en las que [los desempleados] se proyectaban se limitaban a un sector concreto (seguro de desempleo, transporte público) y rozaban la ilegalidad con el único objetivo de desafiar a las autoridades y hacerlas reaccionar”.

 Aunque el movimiento se agotó a finales del invierno de 1998, la militancia por la gratuidad del transporte se consolidó con el tiempo, y en 2001 se crearon en París las Réseaux d’Abolition des Transport Payant (RATP). Cuatro años más tarde, los activistas de esta organización crearon la primera mutua francesa para los evasores de impuestos en la capital. Se inspiraron en la experiencia de p-kassan, una mutua para evasores de impuestos creada por la federación juvenil anarcosindicalista sueca. Manue, uno de los iniciadores del proyecto parisino, explica al periódico libertario Article 13 que se trataba para el colectivo “de demostrar que podíamos poner en marcha una herramienta que permitiera viajar libremente, aunque fuera a pequeña escala […] para demostrar que nuestra demanda podía ponerse en marcha de inmediato”; insiste en que “es sobre todo una práctica colectiva de solidaridad, algo muy importante en una sociedad en la que cada uno tiene la tentación de huir a su rincón”.  Para Julie Tessoto, este planteamiento se asemeja a la gramática política del movimiento obrero de finales del siglo XVIII: se trata de “desarrollar una ayuda mutua económica y aseguradora para responder a un problema cotidiano”.

El funcionamiento es sencillo: los usuarios se suscriben a la mutua por una cuota de 5 a 7 euros al mes, a cambio de la cual la mutua se hace cargo de los costes de las multas impuestas. Hay que respetar algunas normas informales:  algunas estaciones están prohibidas por la presencia sistemática de inspectores, y hay que procurar llevar el billete encima y pagar la multa directamente para evitar recargos.

Pero el fraude no tiene nada que ver con la solidaridad, ¿verdad?  Al pagar su billete, cada pasajero participa en la financiación colectiva del transporte. Una lógica absurda para el colectivo libertario de la RATP: según las cifras presentadas por la asociación, el billetaje sólo cubre el 30% del presupuesto de los transportes públicos parisinos, lo que apenas alcanza para cubrir el coste del control. Para este grupo de militantes, sería más juicioso aumentar la financiación a través de los impuestos, en particular apelando a los más ricos.

 El argumento está ganando adeptos y el modelo se está extendiendo poco a poco por toda Francia. En 2011, había decenas de colectivos en la región de Ile de France, y se estaban formando otros en las provincias, como Lille. Esta proliferación es tanto más fácil cuanto que sólo se necesita una veintena de miembros para que dicha mutua funcione. Manue explica: “Una red de amigos puede ser suficiente”, como en Montreuil, donde se creó una mutua entre amigos. Un activista entrevistado por el Jura Libertaire dijo: “Nos negamos a transformarnos en una Mega Mutual porque no queremos convertirnos en una ventanilla a la que la gente venga sólo a pagar sus multas.”

De hecho, el activismo sigue siendo el núcleo de estas iniciativas.  El fondo se utiliza, por ejemplo, para financiar la impresión de folletos y carteles a favor de la gratuidad del transporte, y los miembros se reúnen generalmente en encuentros mensuales para debatir. Los debates son ricos porque hay muchas razones por las que los usuarios del transporte público parisino deciden unirse a una de estas mutuas. Algunos simplemente no tienen los medios materiales para pagar el precio del abono, otros coinciden en que, al igual que la escuela o la sanidad, el transporte público debe ser accesible para todos y, por tanto, gratuito, y otros rechazan el seguimiento inducido por el uso del pase Navigo. Para este último, el transporte público representa “un lugar de experimentación de políticas coercitivas y conductistas”, así como un “laboratorio liberal y un lugar segregador”, por lo que la creación de una mutualidad se inscribe en un movimiento mucho más amplio de lucha contra el despliegue de la videovigilancia.

Así, para Julie Tessoto, la creación de mutuas para los evasores de tarifas constituye una forma de “resistencia en acción”: conscientes de la necesidad de utilizar el transporte público cada día, los evasores de tarifas consideran que debería ser gratuito y, por tanto, se encargan de que lo sea.  Para el investigador, “la libertad vuelve a ser política en la modificación de un comportamiento interiorizado y apolítico”.

La movilización consiguió incluso una respuesta de los responsables políticos: en 2006, la región de Île-de-France introdujo gradualmente el transporte gratuito para los desempleados y los beneficiarios de las prestaciones sociales mínimas. Sin embargo, rápidamente se declaró la guerra al fraude. En una campaña de comunicación se colocaron carteles que demonizaban el fraude (un pequeño monstruo verde susurra al oído de un joven “corre rápido para escapar de los inspectores” mientras un inserto le recuerda la ley). Sobre todo, la ley de 22 de marzo de 2016 sobre incivilidades en el transporte público prohíbe la apertura y el anuncio público de abonos para compensar los billetes emitidos por la policía de transportes, bajo pena de seis meses de prisión y 45.000 euros de multa. ¿Acabará esta ley definitivamente con las mutuas de los defraudadores? Es difícil decirlo, ya que nunca han sido declarados legalmente y siempre han sido poco publicitados en los medios de comunicación, pero lo que es seguro es que se limitan a la mayor discreción.

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