El Inaes dejó sin efecto la resolución 3442 del año 2018, que establecía que las cooperativas prestadoras del servicio público de distribución de energía eléctrica facturaran ese servicio de forma “autónoma e independiente de otros conceptos ajenos”. La norma derogada impedía que los asociados/usuarios del servicio eléctrico pudieran solicitar el abono de ese concepto junto a otros de carácter voluntario como un servicio solidario de ambulancia o de sepelio.
Según lo expresó en su momento la Mesa Nacional del sector – conformada por Conaice, Face y federaciones provinciales asociadas a Cooperar- no solamente coartaba la libertad individual de decidir qué pagar junto al servicio eléctrico sino que además denotaba “una ausencia de mirada social profunda de la realidad actual del territorio argentino, conspirando directamente con la vida de los pueblos del interior, su desarrollo y derecho a la equidad”.
La nueva resolución del Inaes llega en un momento de fuerte crisis para el sector, tal como quedó plasmado en un reciente informe que esa Mesa dio a conocer. El relevamiento incluyó a 114 cooperativas eléctricas y de servicios de varias federaciones de distintas provincias y concluye que están jaqueadas por una profunda caída de la recaudación, acentuada en los primeros meses de aislamiento por la pandemia del Covid-19.
Entre las conclusiones, el documento destaca como la más relevante “el resultado del monto que las cooperativas vienen financiando sin obtener ayuda o colaboración de ninguno de los Estados (nacional, provinciales o municipales), pese a haber dado continuidad al servicio esencial y sin cortar los suministros por falta de pago desde marzo del corriente a la fecha”.
En ese sentido, señala que queda demostrado que no solo requieren ser auxiliadas aquellas empresas afectadas por la pandemia (no esenciales) “sino también las esenciales que nunca dejaron de trabajar pero que, pese a que en la mayoría la facturación no ha decaído, su resultado económico y/o financiero ha sido negativo enfrentando quebrantos que nadie ha considerado ni reparado a la fecha”.
El estudio subraya que el resultado bruto que rápidamente se convirtió en negativo durante el período de emergencia sanitaria devino de factores tales como el congelamiento tarifario; el incremento del costo laboral impactado por el DNU 14/20; el aumento de insumos básicos para prestar el servicio y la adecuación de los mismos a los protocolos establecidos en la emergencia; y la caída de las ventas.
Además –advierte- en dicho período se manifiesta una caída de recaudación que fue creciendo mes a mes de abril a julio de 2020; promediando el cuatrimestre abril –julio el -27,6% cuando en mismo periodo año anterior la incobrabilidad se mantuvo por debajo del -2%.
De acuerdo con el relevamiento, el 69% de las empresas cooperativas distribuidoras de energía eléctrica que fueron relevadas prestan servicios en comunidades con menos de 5.000 usuarios. Esto implica una baja densidad de usuarios con grandes extensiones de redes para abastecerlos y se traduce en una “deseconomía de escala frente a otros prestadores con usuarios concentrados en grandes ciudades”.
A partir del diagnóstico trazado, el informe de la Mesa Nacional de Cooperativas Eléctricas enuncia una serie de demandas entre las que sobresalen: un aporte del Estado para atender el quebranto global del sector, revisiones tarifarias a aplicar con suma urgencia y ajustes en el valor agregado de distribución.
Fuente: La Gaceta de Cooperar
