La ciudadanía argentina votó por un nuevo presidente, de signo ideológico muy diferente al gobierno que concluye su mandato el próximo 10 de diciembre. En el fondo, ambas propuestas tienen en común que abrevan de los postulados generales del capitalismo, aunque con matices que, en esta oportunidad, tienen distancias considerables.
La administración actual pasará a la historia con un debe y un haber que registrará un endeudamiento externo heredado del gobierno anterior, una pandemia y una sequía brutal, junto con la incapacidad para frenar uno de los mayores impuestos que padecen los sectores de menores recursos de la sociedad: la inflación; no fue el único defecto, pero como síntesis bien puede establecerse que el resultado de esta elección fue producto de un enojo y cansancio que son legítimos, por más que haya explicaciones mejor fundamentadas para un proceso inflacionario elevado y sostenido.
La administración que asumirá ha tenido en toda la campaña versiones oscilantes, sobre la cuestión inflacionaria y otras temáticas; y no obstante, la sensación es que el hartazgo superó apreciaciones más racionales, al punto de consagrar la inevitabilidad de una elección entre lo malo y conocido, y el riesgo de dar un paso al vacío. Ahora transitaremos de las palabras a los hechos, que va desde un candidato que se ofrendó con las desventajas conocidas, a un presidente electo que asegura tener la llave para solucionar los problemas más importantes de los argentinos.
No solo importa la cuestión económica, porque la vida de las personas, y de instituciones como las que se desarrollan en el campo de la economía social, también se desarrolla en ámbitos culturales, sociales, deportivos, sobre la base de la inexistencia de lucro y el despliegue de situaciones solidarias. Es en ese punto donde puede surgir una contradicción entre un concepto de libertad en el que todo pasa a depender de oferta y demanda, en el que el valor de las cosas, y fundamentalmente la de los bienes esenciales, como el agua, la electricidad, el transporte, la salud, etc., pasa a tener un precio de mercado, al que accedería quien tenga un elevado poder adquisitivo, habida cuenta de la crítica a los regímenes de subsidios, que aunque naturalizados como respirar el aire que nos rodea, han sido un ingreso indirecto en toda la población.
Las entidades de tercer grado, siempre activas, y que fortalecen sus intervenciones cuando son necesarias para proteger a sus federaciones y asociaciones de primer grado, siguen siendo la garantía de que defenderán los derechos que fueran pasibles de ser lesionados, y con esa convicción, mantenemos una buena dosis de tranquilidad.
