Entrevista al presidente de la Federación de Mutuales Regional La Plata, Carlos Gaskin, sobre la problemática que enfrentan las entidades integradas por trabajadores estatales, atrapadas en las incoherencias administrativas del estado bonaerense.
MM: ¿Cuál es el problema que tienen las mutuales bonaerenses con los códigos de descuentos?
CG: Todo nace con el Decreto 243/18 de la Provincia de Buenos Aires, por medio del cual se regula todo el sistema de códigos de descuentos de los empleados públicos provinciales. La génesis del decreto es buena porque da un tratamiento igualitario a todas las entidades que los soliciten y reúnan las condiciones necesarias, por ende la norma era buscada por las entidades mutuales para regular algo que estaba medio anarquizado. Nos convocaron a una audiencia previa para exponer las distintas aristas, que aplica tanto para mutuales, cooperativas e, indirectamente, sindicatos, puesto que el origen de los códigos de descuentos son las cuotas sindicales. Las charlas fueron buenas, nos escucharon e incorporaron algunas cuestiones que sugerimos en lo que hace a la aplicación del decreto. Pero hay una realidad: la problemática administrativa y organizativa de la provincia de Buenos Aires es macro. Es tan grande la provincia que también sus organismos son macros. La Dirección General de Escuelas tiene 277.000 agentes que, sumando los tercerizados y suplentes, el número se incrementa a más de 400.000 agentes de la educación pública, que constituyen la Dirección General, que pese a su tamaño no tiene rango ministerial y es el organismo público más grande de Sudamérica. Esa problemática implica que la liquidación de sueldos y los procesos administrativos sean excesivamente burocráticos y engorrosos. Todo el proceso de modernización característico de la ciudad de Buenos Aires y el estado nacional es deficitario en la provincia de Buenos Aires, pese a que se han mejorado algunas cuestiones, y muchas están en un proceso incipiente.
Este decreto busca transpolar a la provincia de Buenos Aires algo que se había logrado en CABA, pero en el proceso de implementación es donde aparecieron las dificultades. En la teoría, el decreto es bueno y mejora lo que estaba, pero en la implementación choca contra la realidad, en un estado elefantiásico que supera diez veces el tamaño del estado de la ciudad de Buenos Aires, sobre una superficie territorial enorme que introduce la distancia como variable determinante a la hora de gestionar trámites desde localidades alejadas de La Plata, además de las problemáticas específicas de los contextos rurales.
A partir del decreto, se constituye un organismo único, centralizado, que atiende el tema de los códigos de descuentos, dependiente de los ministerios de Economía y Trabajo. Allí las entidades deben solicitar los códigos de acuerdo a los requisitos que establece el decreto. Antes, los códigos se pedían específicamente en cada organismo.
Primera cuestión: los códigos de descuentos preexistentes al decreto 243/18, fueron rápidamente ratificados por el mencionado organismo. El problema lo tienen entidades que necesitan habilitarlo. ¿Por qué? Porque la administración pública provincial es anárquica, cada organismo posee su propia metodología de liquidación de haberes, lo cual choca con la reglamentación general del decreto que, por un lado, centraliza el sistema de códigos de descuentos pero, por otro, al no haber un sistema unificado de liquidación de sueldos de la totalidad del personal estatal bonaerense, no instrumenta su aplicación y reconocimiento por cada repartición estatal involucrada.
En la teoría, el decreto es bueno y mejora lo que estaba, pero en la implementación choca contra la realidad.
Carlos Gaskin
MM: ¿Cómo se explica esta traba?
CG: Los grandes organismos del estado provincial poseen sus propias reglamentaciones de liquidación de haberes y, por ahora, no las ceden en favor de un sistema unificado. Por eso al decreto 243/18 le falta una pata: una norma complementaria que establezca un recibo único para toda la administración provincial. Hoy ese recibo único lo tienen sólo los ministerios de menor cuantía de personal. Los ministerios de Seguridad (100.000 agentes) y Justicia (80.000 agentes) y la Dirección de Escuelas (400.000 agentes) y el Instituto de Previsión Social (IPS) (400.000 personas) se rigen, cada uno de ellos, por metodologías propias de liquidación de sueldos. Esto tiene una explicación en la innata complejidad que poseen dichos organismos y sus particularidades, como por ejemplo el Ministerio de Seguridad que tiene múltiples y diversas formas de liquidación. En Educación también pasa lo mismo por la cantidad de categorías laborales que tienen.
Entonces, el problema surge cuando se dicta una reglamentación general que deben aplicar otros organismos, sin que puedan hacerlo. Es decir, si bien encontramos una muy buena predisposición en la oficina centralizada creada, los que tienen que solucionar el problema son los otros ministerios, que deberían adecuarse a lo establecido por el decreto, pero todavía no lo hacen.
MM: Pese a esta dificulta, ¿el decreto tiene puntos favorables para las entidades?
CG: La ventaja es que el sistema de códigos de descuentos ahora está centralizado y todas las entidades lo tramitan en una única oficina centralizada (antes debía hacerlo organismo por organismo). El problema es que no se implementa en las diversas reparticiones por cuestiones vinculadas a sus realidades y complejidades. Otro aspecto positivo del decreto es que establece que el monto total de los descuentos no podrá exceder el treinta por ciento (30%) del haber mensual neto del agente, siendo antes el 20% el techo, incrementando el poder de captación del asociado.
MM: ¿Podría describir esta dificultad con casos concretos?
CG: Sí, por ejemplo con el IPS. Pasó más de un año del decreto y en dicho organismo todavía no adaptaron su sistema informático. En Educación también está trabada la implementación, dicen que no pueden tomar nuevas entidades pese a que en Economía les informaron que ya están autorizadas. En el Ministerio de Salud recién empezó a funcionar hace dos meses.
MM: ¿Qué daños concretos está ocasionando a las mutuales?
No sólo peligra la posibilidad de expandir los servicios de las mutuales sino también de sobrevivir, porque en la medida en que los códigos de descuentos habilitados no sean reconocidos e implementados por las respectivas reparticiones, el cobro de las cuotas se torna impracticable. Con lo cual, merma la cantidad de asociados y, por consiguiente, de los puestos de trabajo en las entidades. Por esta razón es que UTEDyC (el sindicato de empleados de mutuales y asociaciones civiles) acompaña nuestra preocupación.
MM: El futuro es incierto para la gestión de las entidades…
CG: El horizonte es complicado. De todos modos, destacamos que los pequeños organismos sí se han adaptado al decreto, porque lógicamente les fue más sencillo hacerlo. Falta que las grandes reparticiones hagan lo propio.
MM: ¿Qué servicios, en este contexto, peligran para los asociados?
CG: El primero es el crediticio, porque el dinero es el bien más demandado por los asociados. Hay que tener en cuenta que, como las mutuales son entidades sin fines de lucro, brindamos accesibilidad crediticia a quienes el sistema financiero no deja entrar. En las mutuales, aún ante un caso de Riesgo 5, se analizan las solicitudes.
Los otros servicios son: coseguros de salud y farmacia turismo, proveeduría, funeraria y todos los que pueden brindar las mutuales.
MM: Desde la Federación de Mutuales Regional La Plata, ¿han elaborado propuestas para paliar esta situación?
CG: Elaboramos un proyecto de ley para emular el sistema de códigos de descuentos que existe y funciona en otras provincias como Santa Fe, Córdoba y Mendoza. La propuesta consiste en crear un organismo del estado, integrado por sindicatos, cooperativas, asociaciones civiles, etc. que se financie por la propia actividad, es decir, sin costo para el Estado provincial, que facilite la accesibilidad y, además, deje recursos al erario público. Un sistema que unifique todo el sistema y reduzca los tiempos de cobranza (hoy las mutuales tienen que esperar entre 45 y 60 días para cobrar la primera cuota de un servicio). Un sistema que concentre todos los descuentos y que el pago lo realice directamente tesorería de la provincia, ahorrando tiempo y burocracia, como actualmente cobra IOMA (Instituto de Obra Médica Asistencial), directamente de tesorería. Falta la voluntad política para poder presentar la ley.
Otra cuestión que solicitamos es el establecimiento de una tasa acorde a la realidad económica. Aceptamos que la tasa esté regulada, pues el sistema de código de descuentos asegura la cobrabilidad, pero con un margen de razonabilidad.
Y en el mientras tanto, como todos los ciudadanos argentinos, necesitamos que el estado se desburocratice: cuando el Ministerio de Economía autoriza una operación (de aumento de cuota social, por ejemplo), debería existir un circuito de implementación inmediata en cada organismo, evitando el sinfín de trámites que hoy las entidades debemos realizar en cada repartición. También ante un cambio de autoridades: hoy debemos informar al INAES, a Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires, al Ministerio de Economía y a cada uno de los organismos públicos con los que operamos. Es un dispendio crítico de energía institucional.
¿Qué son los códigos de descuentos?
Son una herramienta de cobro que poseen mutuales, cooperativas, sindicatos y otros tipos de personas jurídicas para percibir tanto las cuotas sociales como las correspondientes a los servicios y productos que brindan a sus asociados.
Según Carlos Gaskin, en la provincia de Buenos Aires existen los siguientes tipos de códigos:
- Cuota social, esencial.
- Cuota por ayuda económica (cuyos fondos surgen de la propia entidad o captación de recursos de sus asociados) y gestión de préstamo (fondos de terceros).
- Cuota salud.
- Cuota membresía (que engloba la prestación de distintos servicios no tipificados).
Agradecemos a Pablo Rocha por la colaboración en la entrevista.
