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Cuerpos que importan

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Alejandro Galay
Alejandro Galay
Periodista, escritor y docente universitario.

Analía Giavón es profesora de historia, especializada en problemáticas de género y cuenta con una vasta trayectoria en el sector mutual y cooperativo. Aquí habla sobre el Fondo FIGI, la flamante creación del INAES en relación a la problemática de Género.

¿Qué es, en concreto, el Fondo para la Igualdad de Géneros (FIGI) del INAES?

– Se creó recientemente y es una excelente iniciativa para el sector que sale al cruce de una  necesidad muy  sentida  sobre todo  en los últimos tiempos por las mujeres e identidades disidentes  en el ámbito de las organizaciones de la Economía Social y Solidaria.

¿Cuál es el objetivo?

– Este Fondo está destinado a financiar proyectos de cooperativas y mutuales que incorporen la perspectiva de género en su organización. Entendiendo por perspectiva de género a todo proyecto que incorpore una  especial mirada en el diseño e implementación  de políticas al interior de la organización que  esté orientada a eliminar todo tipo de desigualdades  y discriminación por razones de género, así como las causas que las originan.

¿Tiene antecedentes?

– En nuestro país,  a partir de la campaña Ni una Menos, en 2015,  con la marcha y  movilización  por la denuncia contra los femicidios y contra todo tipo de discriminación y violencia contra las mujeres, la problemática de géneros se transformó en un nuevo eje de la discusión social, política y  cultural. Desde  el Estado se ha logrado una infraestructura legal en materia de género y diversidad, en la que se destacan leyes relativas a la protección integral a las mujeres, la trata de personas, el abuso sexual, el parto humanizado, el matrimonio igualitario, la identidad de género, entre otras. Como antecedentes fundamentales no debemos dejar de mencionar  dos hitos dentro del marco legal  que marcaron un antes y un después  en  materia de reconocimiento y ampliación de derechos con respecto a esta temática: como la Ley  26743 sobre  Identidad de Género, sancionada en 2012 y la Ley  N° 26.845 de Protección Integral Para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, sancionada en 2009.

Se ha incorporado también el espacio de la ESS

-En el movimiento solidario  ha  aumentado  en los últimos años notoriamente el activismo en favor de los derechos por la equidad de géneros, al calor del contexto  político-social más general, y sobre todo es de destacar el activismo a favor de una agenda que incluye la equidad de géneros y la integración de diversidades. En tiempos de  pandemia se han realizado  innumerables acciones, entre ellas, actividades de difusión y de capacitación virtual donde se hizo frente a la necesidad de reflexionar sobre la situación de desigualdad entre géneros que nos atravesaba como sociedad y que el COVID 19 dejaba al descubierto como nunca antes. Un ejemplo  en ese sentido  se refería  la desigualdad en el reparto  sobre  las tareas de cuidados al interior  de los hogares  que dejaba en desventaja a las mujeres, la intensificación de la violencia doméstica en el contexto del ASPO, y el mayor perjuicio  sobre las mujeres más vulnerables  en el mercado laboral.

Por lo cual, FIGI vendría a ser un aporte significativo

– Si bien se hicieron  y se hacen muchísimas cosas dentro del sector, para la sensibilización y la concientización masiva considero que es sumamente oportuna esta iniciativa porque nos permite avanzar un paso más,  encarar procesos sistemáticos de cambio a nivel de la cultura organizacional  de cada cooperativa o mutual que asuma el compromiso de desarrollar un proyecto con perspectiva de género. Por lo que  expresan las bases del FIGI, el objetivo es  apoyar  por un lado a cooperativas y mutuales constituidas por mujeres y personas LGBTIQ+, y por  otro a cooperativas o mutuales de conformación heterogénea que presenten un proyecto con perspectiva de género.

Específicamente, ¿cómo sería?

  • Quedan comprendidos los aspectos sobre  los que se puede trabajar  en los proyectos tales como: el mejoramiento de las condiciones laborales para las mujeres, como por ejemplo la construcción de áreas de cuidado,  elaboración de protocolos, lactarios; procesos de capacitación y sensibilización para asociados, personal,  dirigentes que contribuyan al empoderamiento de las mujeres  y de identidades  disidentes para aumentar  su participación en puestos  de liderazgo; procesos que contribuyan a  equilibrar la composición social de los asociados/as; procesos  que contribuyan  a la profesionalización de mujeres y personas LGBTIQ+; fortalecimiento de procesos para aquellas entidades que producen bienes o servicios con enfoque de género, es decir que desarrollan y comercializan productos y/o servicios que promueven la igualdad de género; las cooperativas o mutuales que realicen una obra o adquisición que directa o indirectamente repercutirá en el bienestar de las mujeres y personas LGBTIQ+ de la comunidad permitiendo mayor inclusión, empleo, acceso a la salud, etc.

¿Qué faltaría de aquí en adelante?

– Si bien no existe ningún impedimento doctrinario y legal para la participación equitativa de mujeres y varones, y diversidades en la práctica cotidiana, se está muy lejos de alcanzar la igualdad entre los géneros. Existen cuestiones culturales, vinculadas a las ideas, estereotipos y a las prácticas predominantes en la sociedad en la que se insertan las organizaciones solidarias, y en la influencia que el medio ejerce sobre ellas, más allá de los principios de igualdad y equidad para la participación que las cooperativas y mutuales sostienen. Creo que el financiamiento para este tipo de proyectos es una herramienta muy poderosa que puede contribuir a avanzar  considerablemente en la instalación de políticas de géneros y diversidad en nuestras organizaciones. Sólo se requiere de la voluntad y el compromiso de los dirigentes del sector.

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