El estudio destaca la necesidad de reconocer y fortalecer la economía social y solidaria en Chile, impulsando la homogeneización de datos y la colaboración entre instituciones para su consolidación y desarrollo.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha publicado un nuevo estudio titulado “Las organizaciones de la economía social y solidaria en Chile y sus figuras jurídicas”, que ofrece un análisis comparativo entre las distintas figuras jurídicas en Chile. El trabajo es resultado de un esfuerzo colaborativo desarrollado por Mario Radrigán, consultor de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL, Patricio Inostroza, coordinador del Área de Investigación y Estudios del Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), y Felipe Correa, también consultor de la mencionada División de la CEPAL.
Dividido en seis capítulos, el informe aborda desde el contexto de la economía social y solidaria (ESS) hasta la caracterización de las figuras jurídicas que la componen. En Chile, aunque los términos “economía social” y “economía solidaria” son conocidos en el ámbito académico, su uso en otros contextos sigue siendo reducido.
Además del desarrollo conceptual de la ESS, en los últimos años, varios países han generado marcos legales orientados al reconocimiento de la economía social y solidaria. En la actualidad existen 11 países que han legislado en la materia. Por su parte, Chile carece de un marco legal para identificar, regular y fomentar la ESS, un hecho que, según el estudio, puede deberse a la tradición constitucional orientada a asegurar el derecho de propiedad o la promoción de modelos lucrativos.
Entre las entidades identificadas como parte de la ESS en Chile, el informe incluye a cooperativas, fundaciones, asociaciones, sindicatos de trabajadores independientes, organizaciones de consumidores, empresas B y asociaciones y comunidades indígenas. En 2022, un 81,2% de las organizaciones constituidas en este ámbito fueron organizaciones comunitarias, seguidas por corporaciones y asociaciones (13,9%). Además, el estudio destaca que, de estas organizaciones, un 73,8% se constituyen en regiones distintas a la Metropolitana.
El trabajo también revela desafíos estructurales, como la falta de homogeneidad en los clasificadores utilizados por las entidades fiscalizadoras, lo que dificulta un análisis comparado de las actividades que realiza cada forma jurídica. En términos de evolución temporal, el estudio argumenta que no es posible determinar con exactitud la cantidad de organizaciones de la ESS activas por año, debido a la ausencia de información sobre la actividad anual de las organizaciones. Sin embargo, los autores observan que entre 2014 y 2019 se registró un promedio anual de creación de entre 25 y 30 mil organizaciones de la ESS por año.
Finalmente, entre las recomendaciones, el estudio apunta hacia una homogeneización en los datos para una mayor comparabilidad estadística, así como la conveniencia de informar y orientar a los grupos interesados en formar parte del sector. Asimismo, destaca la importancia de trabajar bajo una base mínima de coordinación entre las instituciones, especialmente las del sector público. Como parte de estos esfuerzos de cooperación, se destaca la necesidad de generar espacios de diálogo entre las diferentes formas jurídicas de la ESS en Chile.
Con este análisis y sus propuestas, el estudio ofrece una hoja de ruta para que Chile pueda avanzar en la creación de políticas públicas que promuevan el sector y potencien su impacto en las comunidades del país.
Fuente: https://www.cepal.org/
