Al compás de la revolución de 1789, los paradigmas de la Ilustración, las ideas de Rousseau y el Código Napoleónico, el asociativismo galo se fue gestando al calor de las grandes transformaciones que tuvieron su epicentro en París y dieron pie a la Modernidad
Un comienzo ilegal
En 1780, la creación en París de la Bourse des malades et infirmes de Saint Laurent, la primera sociedad de ayuda mutua, marcó el auge del movimiento mutualista en Francia. Poco a poco fueron surgiendo sociedades de ayuda mutua en todo el país, hasta que a finales del siglo XVIII había unas cincuenta agrupaciones. Su funcionamiento se inspiraba en las nociones emergentes de libre albedrío, responsabilidad individual, solidaridad entre las personas y democracia introducidas por la filosofía de la Ilustración: a cambio de una afiliación libre y voluntaria y de una contribución obligatoria, cada miembro se beneficiaba de asistencia en caso de necesidad. Sin embargo, el movimiento mutualista estaba lejos de ser masivo y profundo. Los grupos contaban con pocos recursos, sólo actuaban a nivel local y sólo se referían a los oficios más calificados. Además, la ayuda mutua despertó la desconfianza de las autoridades, tanto monárquicas como republicanas. Si bajo el Antiguo Régimen, la libertad de asociación dentro de las actividades profesionales estaba prohibida porque se consideraba una amenaza para el privilegio aristocrático, los revolucionarios la prohibieron para evitar la reconstrucción de cualquier cuerpo privilegiado.
La ley Chapelier del 14 de junio de 1791 prohibió el derecho de asociación en el lugar de trabajo, basándose en una concepción abstracta del interés general formulada por Jean Jacques Rousseau en su obra fundacional, El contrato social, que rechazaba la posibilidad de que existieran cuerpos intermedios entre el Estado y el individuo dentro de la sociedad. En el ideal revolucionario, la responsabilidad de la asistencia pertenece “a la Nación”. La libertad de asociación también aparece en este momento como antagonista de la libertad económica. Además, en la perspectiva liberal, las asociaciones solidarias ya no tenían razón de ser porque la relación empresario/trabajador se regía ahora por el contrato individual. La ley Chapelier es, por tanto, paradójica: limita el vínculo social al nivel individual, al tiempo que confía a los poderes públicos la tarea de prestar ayuda social.
Sin embargo, al ahogar el crecimiento de las sociedades de ayuda mutua, la ley Chapelier permitió que la Mutualidad Francesa se convirtiera en el principal movimiento social del país, al imponerse como centro de resistencia y previsión.
El Segundo Imperio: legalización y control
Fue bajo el Segundo Imperio, con el decreto del 26 de marzo de 1852, cuando la práctica del mutualismo adquirió una existencia legal. Tras varios episodios epidémicos, la sanidad se convirtió en una cuestión social y política de primer orden. La administración imperial legalizó las mutuales en respuesta a la nueva demanda de mayor protección individual contra los riesgos sanitarios. A las nacientes mutualidades se les encomendó la función del seguro de enfermedad voluntario. Con la creación del estatuto de “Sociedad de Ayuda Mutua Autorizada”, el poder imperial concedió importantes ventajas materiales, como el préstamo de locales comunales o el derecho a invertir fondos en la Caisse des Dépôts a un tipo de interés ventajoso, así como ventajas fiscales a las organizaciones mutualistas. Pero estos privilegios tenían un precio: las sociedades de ayuda mutua estaban estrechamente controladas. Debían ser creadas por el alcalde o el párroco, aprobadas por el prefecto y tener un máximo de 500 miembros. No se trataba de convertirlas en portavoces de las reivindicaciones populares: las organizaciones locales de ayuda mutua no podían unirse para formar una federación. El control social de las masas trabajadoras se logró finalmente mediante los contornos dados a los modos de gobierno de estas nuevas entidades: cada sociedad fue gobernada por una junta directiva compuesta exclusivamente por miembros honorarios. Actuaban como avales morales y financieros, pero no podían beneficiarse de los servicios que ofrecen. Así, los consejos de administración se componían generalmente de personas notables, y los miembros ya no participaban en la gestión de su organización. El decreto de 1852 marcó así una división entre las actividades de previsión y las de promoción: el sindicalismo se distinguió a partir de entonces del mutualismo.
La Tercera República: la liberalización
En 1870, el Imperio se derrumba tras la derrota de Napoleón ante Prusia, se instaura la Tercera República y los mutualistas son promovidos al rango de “actores privilegiados de las reformas sociales de la República”. Se eliminaron las limitaciones en cuanto al número de miembros y la práctica mutualista se hizo más liberal. En 1883 se organizó un primer congreso mutualista en Lyon, seguido cuatro años más tarde por la creación de una federación nacional mutualista. No obstante, no fue hasta 28 años después que la nueva carta de mutualidad sustituyó a la legislación imperial. Durante este largo periodo, los debates fueron muy vivos: el gobierno quería imponer los métodos de funcionamiento de las compañías de seguros, cuyas técnicas de cobertura fascinaban a la élite republicana por su modernidad, mientras que los mutualistas reivindicaban sus valores de solidaridad y su ambición democrática. Por último, la ley del 1 de abril de 1898 reconocía el carácter solidario del seguro mutuo al tiempo que imponía una gestión racionalizada de las operaciones a largo plazo. El mutualismo, que no es ni una institución benéfica ni una institución comercial, despegó como una forma de protección voluntaria del interés general que no era ni estatal ni de mercado. Estas nuevas disposiciones permitían la creación de sindicatos, que tenían la ventaja de garantizar los derechos de un miembro cuando cambiaba de residencia y de hacer posible la realización de proyectos de gran envergadura, como dispensarios y farmacias.
1910-1945: El principio de obligación
Si los mutualistas desempeñaron un papel esencial en el siglo XIX para satisfacer las nuevas necesidades sociales derivadas de las revoluciones industriales de 1820 y 1890, fue porque el Estado brillaba por su ausencia en materia de protección social. A principios del siglo XIX, la iniciativa individual ya no parecía suficiente y se pensó que el Estado debía encargarse de la protección social mediante un sistema obligatorio.
Inspirado en el sistema de seguridad social establecido por Bismarck en Alemania en 1883, tres leyes consagraron el principio de obligación: una ley sobre las pensiones de los trabajadores y campesinos en 1910 y sobre el seguro social en 1930, y la ley sobre la seguridad social en 1945.
Así las cosas, el impacto de la primera ley fue limitado, ya que el seguro obligatorio sólo cubría a 3,5 millones de personas en 1913 y a más de 1,8 millones en 1922, después de la guerra. Aunque las sociedades de ayuda mutua tienen derecho a recaudar cotizaciones y a hacerse cargo de los servicios de pensiones, los mutualistas se mostraron escépticos ante esta evolución: gracias al seguro obligatorio, la protección social se amplía, pero la solidaridad podía verse frenada por la burocracia del Estado.
Después de la Gran Guerra, el Estado intentó que todos los departamentos franceses alcanzaran el mismo nivel de protección social que Alsacia-Lorena, que había sido devuelta a Francia en 1918 por el Tratado de Versalles. La ley de seguros sociales amplió la protección obligatoria tanto en lo que respecta al número de personas cubiertas (inicialmente, 12 millones de personas beneficiadas) como a los ámbitos cubiertos. Se financian con una cotización, mitad del empresario y mitad del trabajador, y cubren los riesgos tradicionales que antes cubría el movimiento mutualista (enfermedad, muerte, maternidad).
Las mutuales de seguros se adaptaron a este nuevo sistema y con la creación de fondos de afinidad, se implicaron más activamente en la gestión del seguro social obligatorio. Sin embargo, la burocratización de la mutualidad debilitó su dinamismo y las reivindicaciones se pospusieron.
La seguridad social, pilar del programa del Consejo Nacional de la Resistencia, se convirtió en un motor central de la reconstrucción de Francia en 1945, tras la Liberación. Presentaba dos grandes innovaciones: por primera vez en Francia se preveía una cobertura de seguridad social para toda la población y el sistema se basaba en la gestión democrática de los sindicatos. Los mutualistas apoyaron la ambición del proyecto pero rechazaron el principio de una caja única. En 1947, con la ley Morice, obtuvieron el derecho a gestionar algunos organismos de la seguridad social, conservando así ciertas cajas de afinidad como la MGEN para los empleados públicos.
Desde 1960: complementariedad y competencia
En los años sesenta, el sector de las mutuales francesas participó activamente en un nuevo concepto de complementariedad, reafirmando su independencia de los poderes públicos y ofreciendo cubrir los riesgos que la Seguridad Social no cubre. Gracias a este papel, las mutuales conservan un lugar importante en la organización de las cajas de previsión: en 2013, el acuerdo nacional interprofesional y la ley de seguridad laboral reconocieron su importancia. Todo empresario está ahora obligado a proporcionar a sus empleados un seguro médico complementario.
La “comercialización” del sector de la protección social complementaria, iniciada por diversas directivas europeas a partir de 1973, marcó un punto de inflexión definitivo para el mutualismo francés. Trasladadas a la legislación francesa con la ley del 31 de diciembre de 1989, crearon competencia en mercados que hasta entonces estaban protegidos por el estatuto de cada familia de aseguradoras. Para hacer frente a las aseguradoras lucrativas, las mutuales tuvieron que reagruparse, primero entre ellas, luego con otras aseguradoras y diversificar su oferta. Con ello, para Jean-Paul Domin, “las mutuales han tenido que aceptar -de forma voluntaria o involuntaria- un deterioro de sus principios éticos y una dilución “en el mercado” de su poder político.
Afiche de la FMNF
Fuentes:
Sitio del museo de la mutualidad: http://www.musee.mutualite.fr Abecassis, P. & Coutinet, N. (2020). Entre stratégie disruptive et pouvoir de régulation, quel rôle pour la mutualité ?. RECMA, 357, 32-35. https://doi.org.acces-distant.sciencespo.fr/10.3917/recma.357.0032
