Por primera vez en su historia, Argentina enfrenta una batería de problemas que se derivan de un hecho troncal: una deuda externa de imposible pago, tanto de capital como de intereses, lo que determina un impacto macroeconómico que, se sabe, afectará la vida de millones de argentinos y argentinas.
La situación actual
Los vencimientos de este año con el FMI, acreedores privados y otros organismos internacionales suman alrededor de 28.000 millones de dólares, y para el año próximo, unos 30.000 millones de dólares. Prácticamente el doble de las ganancias extraordinarias del intercambio comercial de 2021.
Por donde se mire, la deuda externa es impagable en los términos acordados. Un pretendido acuerdo con el FMI va en procura de mejores condiciones que le permitan al país un crecimiento sin ajuste. Y ahí reside la cuestión: para el FMI la fórmula es la de mantener altos niveles de las exportaciones, y como contrapartida, la reducción: de las importaciones, que achican el superávit; de las transferencias de ingresos a la población vulnerable; y, de la ejecución de obras públicas.
En términos matemáticos, la fórmula debería cerrar, pero a un costo social de impredecibles consecuencias. Las importaciones en 2021 fueron de 6.216 millones de dólares, en tanto las exportaciones llegaron a 6.587 millones de dólares, dejando un saldo de 371 millones de dólares[1]. Que, salta a la vista, no son suficientes para pagar la carga de la deuda externa.
Una mirada rápida a la composición del comercio exterior muestra que mientras la Argentina exporta alrededor de 3.800 tipos diferentes de productos, las importaciones se reparten entre 5.700 bienes.
Por otro lado, mientras las ventas están concentradas, en las importaciones hay una mayor dispersión: los 10 productos más importados representan el 20% de lo que la Argentina compra en todo el mundo. En el top 10 de ventas se concentra casi la mitad de las exportaciones.
Estos son los 10 productos más importados por nuestro país, que representan 20 de cada 100 dólares que se importan[2].
| Rankin | Producto | Valor importado en 2010 | Valor importado en 2019 | Diferencia 2010-19 | % | Participación (%) |
| 1 | Porotos de soja | 0 | 1.603.521 | 1.603.521 | 100 | 3,26 |
| 2 | Aceite de petróleo | 2.425.683 | 1.500.465 | -925.218 | 61,66 | 3,05 |
| 3 | Autos (1.500 a 3.000 cm3) | 3.216.586 | 1.343.309 | -1.873.277 | 139,45 | 2,73 |
| 4 | Gas natural | 297.611 | 1.266.024 | 968.413 | 76,49 | 2,58 |
| 5 | Partes de celulares | 614.152 | 864.441 | 250.289 | 28,95 | 1,76 |
| 6 | Medicamentos | 579.194 | 822.161 | 242.967 | 29,55 | 1,67 |
| 7 | Autos (1.000 a 1.500 cm3) | 697.997 | 767.442 | 69.445 | 9,05 | 1,56 |
| 8 | Partes de grupos electrógenos | 284.021 | 763.594 | 479.573 | 62,80 | 1,55 |
| 9 | Teléfonos celulares | 449.500 | 666.661 | 217.161 | 32,57 | 1,36 |
| 10 | Cajas de cambio | 641.466 | 492.531 | -148.435 | 30,24 | 1,00 |
Los 5 productos cuyas importaciones más crecieron en la década fueron las células fotovoltaicas (2.313%), partes de máquinas motrices (1.522%), cables de fibra óptica (901%), máquinas de sondeo para minerales (692%) y generadores de energía eólica (686%).
Algunas de estas mercaderías están vinculadas a las inversiones en energías renovables.
En consecuencia, la gran pregunta es, ¿se ajustarían las importaciones de acuerdo a este ranquin, o habría una selectividad tal que se extendería a los 5.700 bienes que se importan?
Con respecto a la reducción de transferencias a la población vulnerable, la interpretación queda abierta: planes sociales, subsidios, pero también, jubilaciones y salarios de los empleados públicos. Y la reducción de obras públicas se traduce en baja de empleo, más allá de las implicancias regionales, que requieren mejoramiento de infraestructuras.
El acuerdo que, ¿se viene?
Nada de lo previsto por el FMI se modificará: no habrá quitas, ni excepción para el pago de sobretasas; ¿entonces, qué?
Los fantasmas de default los despeja el propio FMI, al imponer un Acuerdo de Facilidades Extendidas, que implican una reestructuración de vencimientos, que aleja los pagos más abultados varios años, en los que el país podría crecer, para lo cual el propio Fondo financiaría los pagos, a partir de una serie de metas y objetivos a cumplir. El FMI supervisaría cada tres meses la obtención de esas metas y resultados, con misiones que revisarán las cuentas del país. El programa plurianual que se enviará al Congreso de la Nación incluye tres criterios de desempeño, a los que el país se obligaría: fiscal; de acumulación de reservas; y, de financiamiento monetario de la política fiscal. Son los puntos que el FMI monitoreará, y si evalúa que no se cumplió con lo establecido, afectando la viabilidad futura de su continuidad, el país debería solicitar dispensas por no cumplimiento, o waivers.[3]
Conclusión: crecimiento para pagar la deuda, con el sacrificio de la mayoría de la población argentina.
Legitimidad del FMI
En declaraciones recientes, el ministro de economía argentino, Martín Guzmán, dijo que el FMI se deslegitimaría si desestabilizara a la Argentina. Cabe reflexionar sobre su origen, para establecer su legitimidad.
El FMI se creó en Bretton Woods (EE. UU.), en ocasión de una supuesta conferencia que tenía como finalidad la de imponer un proyecto previamente preparado y discutido por EEUU y el Reino Unido, con la presencia de 44 países que supuestamente, le otorgaban legitimidad a ese Organismo, dirigido por esas dos potencias.
En las instancias decisivas de la conferencia ya se habían modificado parte de los planes iniciales. Así, la Institución tendría un cierto grado de intervención sobre los países miembros, los que podrían verse obligados a implementar determinadas medidas económicas. Por ejemplo, debían comprometerse a no aplicar políticas monetarias o de precios que pudieran ocasionar desequilibrios en la balanza de pagos, cuando fuera esa la opinión de la mayoría de los integrantes del Fondo; a reducir gradualmente las barreras aduaneras; a no participar en ningún acuerdo bilateral sobre cambio extranjero, y a no subsidiar directa o indirectamente las exportaciones sin el consentimiento de la Institución.
Todo a pedir de boca… de las potencias hegemónicas. En la actualidad: Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Francia y Reino Unido; y un solo país que tiene derecho a elegir a un director exclusivo: Arabia Saudita.
Al asumir su gobierno, Juan Perón no ratificó el decreto del gobierno militar que había integrado, sobre el ingreso del país al flamante FMI. Dijo: “El FMI es un invento del imperialismo para manejar la moneda de todos los países”. Pero en 1956 el dictador Pedro Aramburu firmó la adhesión.
Un análisis inesperado
No provino de despachos oficiales, ni de ningún sector que proclama el no pago de la deuda externa, sino de una jurista y un macroeconomista: Karina Patricia Ferreira Lima y Chris Marsh. La primera es investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Leeds (Gran Bretaña), y profesora de derechos económico y financiero internacional. Cuenta, además, con un doctorado en reestructuraciones de deudas en la Universidad de Durham (Inglaterra). El segundo, es macroeconomista (Cambridge, Inglaterra) y ex funcionario del FMI.
Los citados sostienen que el FMI incurrió en ultra vires act[4], por violación de los fines fundamentales establecidos en su Convenio Constitutivo, lo cual llevaría, demostrada su existencia, a declarar “nulo” el Acuerdo Stand By de 2018.
El resumen de Ferreira Lima y Marsh es el siguiente:
* Analizando los fundamentos macroeconómicos del Acuerdo, no se cumplieron los requisitos sustantivos para el ejercicio de la competencia funcional del FMI de prestar apoyo a la balanza de pagos de Argentina.
* El programa financiero inicial no contemplaba un ajuste externo, tenía supuestos poco realistas y un “agujero negro” contable de al menos 20.000 millones de dólares. Todo ello hizo que los objetivos cuantitativos del programa fuesen imposibles de cumplir.
* El análisis de sostenibilidad de la deuda estaba destinado al fracaso, y los criterios de acceso excepcional no fueron evaluados razonablemente.
* Era razonablemente previsible que el diseño del programa diera lugar a una ampliación de la duración y del grado del desequilibrio de la balanza de pagos de Argentina debido a la falta de pedidos de controles de capitales, que el Fondo estaba legalmente obligado a solicitar. El Fondo evaluó razonablemente el riesgo de que sus recursos generales se utilizaran para financiar salidas de capital importantes o sostenidas, como efectivamente ocurrió.
* Había supuestos ridículos sobre las entradas de capital durante el programa, plagados de incoherencias internas y que incluían la confianza en entradas de capital financiero por casi 80 mil millones de dólares.
El informe concluye señalando que, “en síntesis, el programa debería considerarse nulo. Dado que Argentina no tiene los recursos para repagar el programa, debería haber un período (quizás mayor a 10 años) para que el país pueda recuperarse. Esto significa en la práctica establecer un programa con un préstamo sin intereses, y la devolución de todos los intereses y cargos (pagados) hasta la fecha”.
Conclusión (con final abierto)
Si no fuera por la exposición pública a la que accedió Ferreira Lima (de origen brasileño, y residente por un tiempo en Buenos Aires), lo comentado anteriormente bien podría ser considerada una fake news, porque no hubo un solo despacho oficial que se expidiera sobre este informe. Lo cual asegura que:
- Aunque el gobierno argentino procura atenuantes en las medidas macroeconómicas, que tendrían consecuencias negativas para la mayoría de la sociedad, el FMI impondrá las medidas que considere necesarias.
- La alternativa es la firma del Acuerdo en los términos del FMI, o default, no declarado por Argentina, sino por el propio Fondo.
- La oposición política juega a ser un tero, que chilla en un lado y esconde los huevos en la oscuridad de la desmemoria, esperando el momento para endilgarle toda la responsabilidad sobre la recesión que se perfila, al actual gobierno. La incógnita es poco predecible: cómo se posicionarán cuando pase al Congreso Nacional el eventual acuerdo con el FMI. ¿Aprobar a libro cerrado? ¿Plantear condiciones más blandas? ¿O plantear condiciones más duras?
La historia dirá si A. Fernández y M. Guzmán actuaron conforme a las circunstancias, ante un dilema como pocas veces se dio en Argentina, que puede expresarse como “Argentina vs. Resto del Mundo”. Y sin exagerar, aseguro.
[1] INDEC, diciembre de 2021
[2] Gustavo Scarpetta, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica de Córdoba, septiembre de 2020.
[3] Para el FMI, es un perdón que solicita un país por incumplir con metas y objetivos del compromiso asumido, a cambio de una revisión del programa. Según su estatuto, “Cuando no se cumple un criterio de ejecución cuantitativo, el Directorio Ejecutivo puede aprobar una dispensa formal para que el examen sea concluido, si se considera que, incluso en ese caso, el programa se implementará con éxito, ya sea porque la desviación fue poco significativa o temporal, o porque las autoridades han adoptado medidas correctivas.”
[4] Principio jurídico internacional que considera inválidos los actos de las entidades públicas o privadas que rebasan el límite de la ley.
