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Eduardo Héctor Fontenla
Lic. en Cooperativismo y Mutualismo y en Ciencias Políticas. Ex-Director del INAES, Ez-Presidente del CGCyM, docente, investigador y conferencista con experiencia en el desarrollo y gestión de políticas públicas para el sector cooperativo y mutual.

Por Eduardo Fontenla*

El cooperativismo y el mutualismo son una respuesta política cargada de valoración. Pero no se trata de una respuesta política-partidaria. Aunque no son contradictorias, debemos distinguir la vocación y el ánimo solidario asociativo, que es central en la propuesta y organización cooperativa-mutual, de la vocación política militante partidaria.

Dicha condición de neutralidad fue expresamente enunciada en los principios cooperativos dados por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en su primera revisión, realizada en Francia en el año 1937. En la actualidad, si bien no se menciona expresamente, surge y está incluido en el espíritu y fundamento del primer principio de “adhesión abierta”. Esto no significa dejar espacios políticos institucionales de poder vacíos y no ejercer incidencia en las plataformas de los partidos políticos. A la política se debe presentar como opción el valor transformador y reactivador que representa el fragmento de la economía social, democratizando la economía y la movilidad social ascendente.

En favor de la riqueza política, el sector de la ESS debe influir en las propuestas de todos y cada uno de los partidos políticos democráticos, una “actitud de hablar con todos” y ejercer influencia en la construcción de políticas públicas activas que tomen en cuenta la vigencia de sus valores y principios, su identidad y su naturaleza jurídica, como así también las propuestas de desarrollo sostenible que impulsa, ya que es un actor clave en el entramado productivo argentino.

Para proponer, debatir y defender las aspiraciones e intereses de las mutuales y cooperativas los procesos electorales tienen una función relevante, puesto que sirven como debate y análisis de futuras políticas públicas.

No hay duda de que la economía social debe opinar y estar en política, acompañar y/o criticar, no lavarse las manos donde se debaten los destinos municipales, provinciales y nacionales, pero no en la política partidaria de candidaturas que empañan y deforman sus valores, principios e identidad.

Las mutuales y las cooperativas deben buscar coincidencias básicas en la política más allá de lo partidario. Entonces, si los ciudadanos vinculados a la economía social deciden participar como candidatos en las elecciones, los partidos son las instituciones competentes para la postulación a cargos públicos electivos.

A veces, la palabra y la participación “política” están descalificadas o despreciadas y se las entiende como lógica de partes o sectarismo y no como construcción del bien común, compatible con el ideario cooperativo y mutual. La participación es principio fundante de la democracia.

Es muy bueno para la república que los dirigentes-funcionarios cooperativos-mutuales tengan aspiraciones electorales, pero lo que no es bueno es que las organizaciones sean la base de sus campañas y la estructura económica y financiera que sostienen esas candidaturas representativas.

Sobre este tema, el Congreso Nacional sanciónó la ley 27504 de financiamiento de los partidos políticos, reglamentada por decreto 443/2019, con el objetivo de transparentar el dinero y su origen. Estás donaciones o aportes no son posibles desde las organizaciones de la economía social en base a lo explicitado al inicio de la nota. No obstante, se debe trabajar en un diálogo extendido con los formadores de opinión para introducir en el imaginario socio-político las características y para entender con claridad las diferencias de la ESS con otros modelos de organización y desarrollo.

Por ello, destacamos las propuestas conjuntas y consensuadas a todos y cada uno de los partidos políticos, de parte de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (COPNARCOOP), la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad y otros Servicios Públicos (CONAICE), la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM); la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM) y las Aseguradoras del Interior de la República Argentina (ADIRA), que representan a entidades de todos los rubros en pos del desarrollo sustentable.

 

En ese sentido, propusieron los siguientes diez puntos:

“Impuestos nacionales, provinciales y las tasas municipales que reconozcan el acto cooperativo y mutual, claramente establecido en sus leyes especiales, el accionar solidario y la naturaleza no lucrativa de las entidades cooperativas y mutuales, y que no existe hecho imponible entre la entidad y el asociado.

. Las normas que regulan los servicios públicos y los derechos del consumidor sean reconocidas como organizaciones de usuarios y consumidores.

.Que los trabajadores asociados en cooperativas cuenten con los mismos derechos de protección social que el trabajador asalariado.

.Que el trabajo asociado sea reconocido como una relación que favorece la defensa de los derechos del trabajador.

.Que se establezca una nueva legislación para la actividad financiera, al servicio del desarrollo económico y social.

.Que se promueva y facilite la creación de cajas de crédito cooperativas, para canalizar los ahorros de la comunidad al servicio de la producción y el desarrollo local.

.Que se propicie una política nacional de vivienda que contemple la participación de cooperativas y mutuales procurando la intercooperación con entidades de trabajo, crédito y seguros.

.Que en cumplimiento de Art. 90 de la Ley Nacional de Educación Nº 26.206 el Estado Nacional implemente, en conjunto con las provincias y las entidades del sector educativo, un Plan Nacional de Educación cooperativa y mutual que abarque todos los niveles educativos, promocionando en especial la creación de cooperativas y mutuales escolares.

.Que se reconozca la naturaleza jurídica y particularidades de las cooperativas y mutuales prestadoras de salud, separándolas de la Ley de Medicina Prepaga N° 26.682.

.Que las agencias provinciales de promoción de la economía solidaria cuenten con recursos y atributos suficientes para ser protagonistas de un programa federal de promoción de la economía solidaria, elaborado conjuntamente con el sector cooperativo y mutual.

.Que se fortalezca al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), organismo autónomo y cogestionado por el Estado junto con los representantes del cooperativismo y el mutualismo y a cuyo sostén presupuestario contribuyen las cooperativas y mutuales.

.Que todas las políticas sectoriales incorporen la promoción de la economía solidaria e incluyan a representantes del cooperativismo y el mutualismo en los equipos especializados en las diversas áreas”.

Tambièn proponen el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La sociedad tiene que conocer las propuestas de las mutuales y cooperativas, no alcanza con que la conozcan sólo a sus integrantes convencidos. Está política comunicacional tiene que ser permanente a todo el arco político y más en tiempos electorales.

Para la mejor representación y participación, una idea democrática y potente es impulsar la formación de un bloque cooperativo – mutual parlamentario integrado por legisladores de los distintos partidos políticos con cosmovisión asociativa solidaria, vinculados y provenientes de las ramas del mutualismo y cooperativismo que apoye, trabaje, articule e impulse los proyectos de las comisiones de “Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONGs” de la Cámara de Diputados y con la de “Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa” de la Cámara de Senadores.

También para enriquecer el contexto de la ideas en la labor parlamentaria, se debe mejorar la articulación con Red Parlamentaria de las Américas de la ACI, como una forma de encuentro y construcción, virtual y presencial, de los parlamentarios del continente americano comprometidos con el progreso del sector.

* Eduardo H. Fontenla es Lic en Cooperativismo y Mutualismo y en Ciencia Política.

 

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