Columna de opinión

por Jorge Núñez

Es necesario innovar los parámetros de medición de la actividad económica nacional para reflejar el protagonismo de las entidades solidarias.

Que las mutuales despliegan, a lo largo y a lo ancho del país, una intensa actividad económica en beneficio de las comunidades a las que pertenecen, no lo duda nadie que esté vinculado a ellas. Sin embargo, el reflejo de esa actividad no está debidamente registrado por parámetros oficiales. Una prueba de ello es lo que pasa con el PBI (producto bruto interno, también nombrado como PIB, producto interno bruto).

El PBI es la medida adoptada universalmente para comparar en términos macro económicos la riqueza entre países. Se le asigna una importancia que se refleja permanentemente en publicaciones, dando por sentado que ese número, que surge de una ecuación que toma como factores el consumo, el conjunto de ingresos del país, el gasto público, las exportaciones y las importaciones, es suficiente para dar cuenta de la situación real del país bajo análisis. Recordemos que el PBI es la suma de transacciones acumuladas de bienes finales y servicios de un país, por lo común generadas en el término de un año.

En ocasiones no conforma a muchos expertos, porque admiten las limitaciones de lo que pretende representar, esto es, el grado de salud de la economía de un país. Es así simplemente porque la economía es una ciencia social, y como tal está sujeta a cambios que se producen en una sociedad en permanente transformación. Pero para muchos es un parámetro que es útil para establecer variaciones en la economía, y con ese dato desarrollan análisis con los que obtienen conclusiones que, generalmente, son presentadas con reservas o acompañadas de otras explicaciones. Es que no siempre que se habla de números se trata de matemáticas, porque no es, se reitera, una ciencia exacta.

Lo que suele ocultarse es que no es el único modo de reflejar la situación económica de un país; es como ocurre con las estadísticas: son útiles como referencias aproximadas a una realidad, aunque no logren explicarla en toda su dimensión y complejidad. Es que si solamente se ve un número, no se toma en consideración que, detrás de ese cálculo, hay personas.

Al adentrarnos en una consideración de los factores que mencionábamos al comienzo, se detectan incongruencias tales como: mientras la salud atendida en un hospital público se mide por los salarios e inversiones allí efectuadas, la misma prestación, en una clínica privada, se mide por la facturación, que es un valor mayor que el anterior, porque incluye la utilidad del propietario.

Lo mismo sucede con alimentos que se produzcan en el hogar: no se computan en el PBI, pero si se compran en un comercio, su valor se suma al PBI. ¿Qué significa? Que el trabajo en el hogar y para la familia, al no ser remunerado, no es computado. Tampoco se considera el uso de recursos no renovables, cuya explotación desmedida seguramente generará un valor agregado significativo, pero que en términos ambientales representa impactos altamente negativos. En la consideración clásica, suma al PBI; en la nuestra, que procura no confundir crecimiento con desarrollo, restaría en esa ecuación.

A nivel del Estado, la prestación de servicios en forma gratuita no aporta al aumento del PBI; o sea que toda actividad no remunerada no es reconocida en el cálculo de ese indicador. Las universidades nacionales no aportan al PBI, porque no cobran aranceles. Las transacciones de las organizaciones sin fines de lucro, como las mutuales que benefician a sus asociados con precios más bajos, reducen el PBI. En contraposición, la existencia de monopolios o intermediarios en cadenas de valor que podrían prescindir de estos, aumentan el PBI.

Mientras se pondera un índice como el PBI, poco o nada se dice de la distribución del ingreso. El índice puede subir, pero eso no significa que la población esté mejor. Y existen herramientas metodológicas para verificarlo.

A principios de los setenta, William Norhaus y James Tobin plantearon que el cálculo del PBI no tomaba en cuenta elementos muy esenciales del bienestar socio-económico, incluyendo la utilización de recursos naturales y la calidad del ambiente. En 1989, basándose en estas investigaciones, Herman Daly y Clifford Cobb crearon el Índice de Bienestar Económico Sostenible (ISEW), el cual se basa en el consumo personal como variable inicial de evaluación y además incluye aspectos sociales, económicos y ambientales.

En sintonía con el interés en la adopción de datos compatibles con el bienestar humano, el economista, ambientalista y político chileno Manfred Max Neef, estableció la hipótesis del umbral, según la cual, “…para cada sociedad que parece estar en un período de crecimiento económico, y que puede mejorar sus indicadores de bienestar, puede llegar a un punto crítico que más crecimiento se tenga que realizar a expensas de la calidad de vida, la cual termina deteriorándose”.

Otro indicador disponible es el Indicador de Progreso Genuino (GPI), basado en el consumo de las personas y no en la medición del conjunto de la actividad económica. A dicho consumo, corregido por un índice de mejora o deterioro de la distribución de ingresos, referenciado a un año base, le suma valores tales como: trabajo en el hogar, cuidado de niños, trabajo voluntario, educación superior, etc.; y resta, entre otros: costo del delito o la inseguridad, pérdida de tiempo de descanso por exceso de trabajo, pérdida por subempleo, costo del transporte desde el hogar al trabajo, costo por accidentes automovilísticos, por la polución del agua y del aire, por pérdida de humedales, por agotamiento de recursos no renovables, etc.

La cuestión de la distribución del ingreso, como medida del bienestar de la población, tiene su mejor representación en el Índice de Gini, porque es un parámetro de cálculo muy simple, que mide la relación igualdad/desigualdad a partir de los ingresos acumulados de la población dividida en fracciones de ingresos similares. Basta con dividir ingresos por población para obtener un coeficiente que, es más igualitaria si tiende a 0, y más desigual si tiende a 1. El actual en Argentina es aproximadamente 0,440.

Un dato que puede interesar a mutuales y otras organizaciones de la economía social y solidaria, es la del Reino de Bután, que en 1972 implementó el “índice de Felicidad Nacional Bruta”, establecido en términos cualitativos y no cuantitativos, basado en estos cuatro pilares: 1. Un desarrollo socioeconómico sostenible y equitativo; 2. La preservación y promoción de la cultura; 3. La conservación del medio ambiente; y 4. El buen gobierno.

Como vemos, no todo son números en este mundo. Están los seres humanos, también.