Los impuestos son percibidos por el Estado para brindar servicios a la población como atención de la salud; educación; seguridad; transporte; servicios públicos; administración de justicia, obras de infraestructura, etc.
Las mutuales que son entidades sin fines de lucro formadas por personas que se asocian voluntariamente para brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales, o de concurrir a su bienestar material y espiritual, mediante una contribución periódica que realizan sus asociados con sus propios medios, no pueden estar gravadas con ningún impuesto habida cuenta de la naturaleza de los impuestos y de la naturaleza de las mutuales.
Cuando una mutual presta el servicio médico, por ejemplo, está evitando que sus asociados requieran ese servicio en el hospital público, con lo que le evita mayores erogaciones al Estado, y del mismo modo ocurre con otros servicios, con los que además, elevan la calidad de vida de sus miembros promoviendo el desarrollo social sin recurrir al Estado.
El resultado de la expectativa que deben haberse formulado los funcionarios que promovieron la eliminación de la exención en el Impuesto a las Ganancias, es de una ínfima significación para el Estado, pero ocasiona un gran perjuicio a muchas entidades que no podrán continuar brindando servicios, y por lo tanto, perjudicarán también a sus asociados que se verán privados de sus beneficios.
En realidad se conmueven los cimientos de la comunidad, ya que hay un mayor bienestar alcanzado no solamente por los servicios que se prestan, sino también de carácter social, deportivo y cultural.
Ningún servicio de las mutuales debe estar gravado con impuestos de ninguna naturaleza, pues lo que el Estado podría percibir por gravarlas, es infinitamente inferior al ahorro que le proporcionan las mutuales en sus erogaciones, y arriesga la continuidad de la mayoría de estas entidades que son organizaciones de la sociedad civil, es decir de la población para la que las autoridades deben promover el bienestar general.
Por otra parte, resulta llamativo que la exención de impuestos a las mutuales, la haya dictado y puesto en vigencia un gobierno inconstitucional, ya que la Ley 20.321, es del 27 de abril de 1973 y fue firmada por el presidente de facto Alejandro A. Lanusse, y los ministros Oscar P. Puigrós y Gervasio R. Colombres, basados en el Art. 5 del Estatuto de la Revolución Argentina, y en la actualidad, un gobierno constitucional que debe regirse por la Constitución Nacional y bregar por los derechos y protección de los ciudadanos, quiere gravarlas.
Como si eso fuera poco, el desinterés demostrado por nuestros representantes, los Diputados Nacionales que forman parte de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONGs, al haber faltado nada menos que 23 de los 31 integrantes, y por esa razón, el proyecto va al recinto sin despacho de comisión, es decir sin ninguna recomendación ni modificación basada en argumentos sólidos y ciertos que permitan al resto de los Diputados sancionar la ley sin gravar a las Mutuales, lo que sin duda es un pésimo ejemplo y pone de manifiesto la irresponsabilidad del 74 % de los integrantes de la comisión que debiera defender a las Mutuales y a las Cooperativas, porque también estas últimas son afectadas por el proyecto enviado al Congreso de la Nación.
Cuando se trata de un sistema de organización como es una Mutual, encontramos la armonización entre lo social y lo económico, con el valor agregado que significan los Principios y Valores que deben practicar sus miembros.
Por supuesto que la preservación de la entidad y su desarrollo, deben estar orientados al logro de mayores beneficios. Lo que precisamente no significa priorizar el beneficio económico. Pues la columna vertebral y su razón de ser, es el logro del bienestar de sus asociados y con ello la dignificación de los seres humanos.
Los grupos de afinidad que forman parte de las mutuales, logran beneficiarse con su propio esfuerzo de una manera más rápida y efectiva.
Las comunidades como parte integrante que son de sus organizaciones con fines sociales, toman de ellas los principios que promueven y practican los miembros que las conducen. Por lo tanto, la influencia que estas entidades ejercen sobre su entorno, constituye un factor primordial en la formación y convivencia de los hombres.
Cuando un hombre se une con otros para ayudarse mutuamente, los resultados no tienen límites.
La vocación de servicio que ha dado nacimiento a tantas entidades de la Economía Solidaria en nuestro país, sigue teniendo vigencia, porque el hombre continúa siendo un ser que se inspira en sus sueños; que desea concretar sus aspiraciones y que cuando le pone pasión a lo que aspira, alcanza los objetivos que se ha fijado.
Se practica el sistema democrático como en muy pocas organizaciones, a partir de la forma de dar participación en las decisiones y en la conducción a sus miembros activos, en igualdad de condiciones.
Nos preguntamos entonces si un gobierno democrático, puede atentar contra las organizaciones de la comunidad, que reúne a personas que se dan servicios con esfuerzo propio y sin recargar al erario público.
Es muy contradictorio que un gobierno militar las haya creado y un gobierno democrático las persiga con saña, cuando además, es el mismo Estado el que las fiscaliza y tiene la responsabilidad de velar porque todas sus actividades sean transparentes. Confiamos en que sólo sea una equivocación, que se pueda volver atrás, y que se las reconozca como complemento del Estado.
El mutualismo, que hace de la solidaridad, el esfuerzo propio, y la ayuda mutua, su razón de ser, es fuente y generador de las prácticas éticas que conducen al logro de una sociedad justa en la que el hombre es el centro de su actividad.
